La norma declara la emergencia nacional en materia de posesión de armas y municiones, registradas o no registradas.
Entró en vigencia a través de su publicación en el Boletín Oficial la ley que impulsa la entrega de armas en el marco del plan de desarme civil. La iniciativa apunta a poner en marcha el desarme de la población civil para disminuir el delito y los accidentes por su manipulación.
La norma lleva el número 26.216 y dispone que quienes entreguen voluntariamente sus armas recibirán a cambio un “incentivo” que tendrá que determinar el Poder Ejecutivo Nacional, y que quienes las den aunque no estén registradas, serán “amnistiados” y no serán penados por esa situación.
Por otra parte, declara la “prohibición” de la fabricación de réplicas de armas, e impulsa a que las autoridades nacionales en sus respectivas áreas generen campañas para persuadir a la población para que “abandone el uso de armas de fuego de juguete”.
La ley tiene 24 artículos en los que se declara “la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, munciiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados, durante el término de un año”, según indica su artículo primero.
Tras puntualizar que el ministerio del Interior será la autoridad de aplicación, se dispone la creación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Las finalidades de ese plan, según se precisa, son “la disminución del uso y proliferación de armas de fuego; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; la sensibilizasción acerca de los riesgos, y la promoción de una cultura de la no tenencia y el no uso de armas de fuego”.
El programa se extenderá por 180 días, prorrogables en un lapso idéntico, en cuyo transcurso se esperará “la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo, en puestos de recepción donde serán inmediatamente inutilizadas, para luego ser destruidas”.
El Poder Ejecutivo tendrá que determinar el monto del incentivo y se aclara que en el caso de entrega de armas no registradas habrá una amnistía de manera de que quienes lo hagan no sufran “consecuencia legal alguna”.
Asimismo, se dispone que quienes entreguen armas con alguna deuda pendiente, automáticamente ésta se les condonará.
