Con la sanción del Presupuesto, para que el gobernador Felipe Solá pueda cumplir su último año de gestión en un escenario marcado a fuego por el declarado conflicto gremial que demandan una recomposición salarial, y los preparativos para llevar adelante “con todo” los trabajos que requiere el año electoral, los legisladores cerraron el 2006 con un panorama que, a diferencia de períodos anteriores, tuvo un buen rendimiento de producción legislativa en las dos Cámaras.

En los años pares no hay elecciones y eso se notó en la Legislatura. Las elecciones entretienen a los representantes en otros menesteres y su actividad específicamente legislativa no posee el vigor y hasta, tal vez, la dedicación que muestra en los años pares.

Sin embargo, para el Ejecutivo el balance no es tan auspicioso, si consideramos que para después del receso legislativo se pospuso el tratamiento de leyes presentadas como “clave” para la Administración de Solá: la creación de dos nuevos impuestos tendientes a aumentar la recaudación -a la riqueza y a los activos financieros- y la reforma penal bonaerense, que introduce cambios en el Código de Procedimiento Penal.

Durante 2006, la Cámara de Diputados y el Senado -además de tratar proyectos propios- sancionaron más de 20 leyes solicitadas por el Ejecutivo. Los legisladores, entre algunos de esos proyectos, posibilitaron el endurecimiento de las penas contra el juego clandestino, motorizaron cambios solicitados para el Consejo de la Magistratura, aprobaron el nuevo régimen de paritarias docentes y crearon nuevos juzgados en distintos departamentos judiciales de la Provincia.

Asimismo, la Legislatura convalidó un proyecto del Ejecutivo para que se establezca un descuento del 25 por ciento en el impuesto inmobiliario rural en algunas regiones de la Provincia para aquellos contribuyentes que hayan cumplido con el tributo durante los últimos tres años, intentando atenuar las críticas que desde las distintas organizaciones agrarias arreciaron sobre el aumento de un hasta 120 por ciento que, a fines de 2005, había impuesto el Gobierno.

También se concretaron modificaciones al Fuero de Familia y se creo el Fuero Penal Juvenil después de grandes debates; convirtieron en ley el postergado Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y avanzaron en la posibilidad de otorgar prórrogas a las emergencias de la Policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque estos proyectos deberán esperar hasta después del receso legislativo para ver si, finalmente, son aprobados.

A mediados de año, los legisladores oficialistas dieron la cara cuando el Ejecutivo propuso un proyecto por demás polémico: la prórroga automática de licencias de algunas salas de bingo a cambio de un canon “extraordinario”, que, posteriormente y a partir de un cuestionado decreto, Solá rubricó cuando aún desde los campamentos de la oposición legislativa seguían criticando al Gobierno por esa decisión.

La confección de proyectos propios que rápidamente ganaron espacio en los medios de comunicación hizo que, con distintas miradas, esas iniciativas tuvieran suerte dispar. A saber: el proyecto de ley que pide crear la “unión civil” entre personas del mismo sexo, propuesta conjunta del presidente del bloque de diputados del FpV, Fernando “Chino” Navarro y el radical Luis Bruni, tuvo aceptación en un primer momento en la Cámara baja, aunque posteriormente legisladores del bloque oficialista quitaron su respaldo.

Otra iniciativa que demandó extensos análisis en comisión y debates surgió a partir de la intención de contar con una “ley marco antitabaco” provincial similar a la que se determinó para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese orden, tanto en el Senado como en Diputados se redactaron iniciativas para prohibir fumar y comercializar tabaco. El resultado fue que cada Cámara aprobó su iniciativa.

La Cámara alta aprobó también una iniciativa de los senadores del FpV Jorge Pirozzolo y Stella Maris Prunotto, que posibilitó que los consejeros escolares dejaran de trabajar “ad honorem” y pasaran a cobrar un salario por su tarea que fue fijado en dos sueldos mínimos de empleados del personal de servicio.

La Legislatura, además, autorizó el traspaso administrativo hacia los municipios de los trámites que se realizan en las comisarías y avanzó a instancias del diputado radical Julio César Alfonsín en la conformación de una Comisión Bicameral para reconocer a las localidades que buscan su autonomía, aunque este proyecto resta ser tratado en el Senado.