Siempre le ganan de mano. Aunque a veces es bueno que esto pase. Pocas cosas destruyen tanto la credibilidad de las instituciones como una orden que no se cumple; nada destruye más al Poder Legislativo que una ley que no se reglamenta o no llega a hacerse efectiva. Así pasó cuando se dictó la ley que impedía congelar los depósitos bancarios en 2001 o cuando muchos jueces ignoran la voluntad del Congreso de dar solución al tema de los deudores hipotecarios.

Esta vez le ganaron de mano, aunque no con un sentido negativo. El denominado moobing o violencia laboral es una tendencia que se comienza a observar cada vez con más frecuencia en los fallos judiciales. Es importante que el Congreso acompañe esta tendencia, tanto para reafirmar su importancia como herramienta social, como para regular sus alcances.

El tema de la violencia laboral viene siendo trabajado hace muchos meses en el Senado de la Nación. Más precisamente en la Comisión de Legislación del Trabajo que preside el radical jujeño Gerardo Morales.

Según expresaron distintos sectores, la idea sería que sea tratado en el primer semestre de este flamante año, claro está si el oficialismo acuerda con la propuesta pergeñada por Morales. Pero como es un año electoral las chances de ser analizado en el recinto son remotas.

Sin embargo, los legisladores dicen que insistirán con la iniciativa. Quién dice, tal vez logren consensuarlo.

¿De qué se trata?

“Definir, prevenir, controlar, corregir y sancionar la violencia laboral”. Con estos objetivos -definidos en el artículo 1 del predictamen- es que se está tratando de sancionar la ley en cuestión.

El art. 3 fue y es sin duda el más polémico, porque define y pone blanco sobre negro qué puede ser considerado violencia laboral. Según el predictamen, éstas serían las acciones consideradas como maltrato psíquico y social sobre el trabajador: constante bloqueo de sus iniciativas de interacción generando aislamiento; cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de sus compañeros o colaboradores más cercanos; prohibir a los empleados que hablen con él; obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana; juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización; asignar misiones sin sentido, innecesarias, con la intención de humillar; encargar trabajos imposibles de realizar; obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las herramientas necesarias para concretar una tarea atinente a su puesto; promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado; amenazas repetidas de sanciones o despido infundadas.

Pero la futura ley no se quedaría en esto. También define el “maltrato físico” y el “acoso laboral” como “la acción persistente y reiterada de agraviar con palabras o gestos, en razón de su sexo, edad, nacionalidad u origen étnico, color, religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación familiar, bromas o insultos”.

Por último, introduce el concepto de “inequidad salarial”, a la que se definirá como “cualquier disparidad salarial, sea ésta entre géneros o cuando tanto el hombre como la mujer realicen tareas iguales o equivalentes y reúnan condiciones de idoneidad y responsabilidad similares, percibiendo diferentes salarios”.

Preocupación empresaria

Desde el sector empresario están preocupados. No sólo por la nueva ley que se estudia en el Congreso sino también por las nuevas tendencias judiciales. “Ahora no sólo tenemos que pagar grandes indemnizaciones cuando queremos echar a un empleado, sino que, además, tendremos que sostenerlo en el mismo puesto, no podemos aislarlo de sus viejos compañeros, si es que él era factor de distracción, entre otras cosas”, se quejó un empresario del sector de la construcción, que sigue de cerca la sanción de la ley. La queja está en consonancia con la opinión de muchos medios especializados, aunque hasta ahora las cámaras que nuclean a los empresarios no se pronunciaron de manera oficial ni a favor ni en contra del tema. “Es mejor no levantar polvo hasta que la idea comience a materializarse en serio”, expresó la misma fuente.

Por su parte, el senador radical Gerardo Morales desmintió que, por ejemplo, la futura ley pudiera desalentar el empleo: “No, para nada, porque hemos eliminado el art. 8 que planteaba cuáles son las normas que no constituyen violencia laboral y en el art. 3 en que se tipifican los casos de violencia son bastante rigurosos”.

- ¿No teme que esto exacerbe la industria del juicio? -preguntó Parlamentario.
- No en la medida en que la norma sea clara. Creemos que hemos llegado a un dictamen interesante desde ese punto de vista.

Para evitar problemas con las empresas se optó por dejar de lado ciertas cuestiones que venían siendo impulsadas por algunos legisladores. La diferencia más de fondo se dio con el debate del trabajo de los domingos. Mientras, por ejemplo, Haidée Giri impulsaba que imponer trabajo extra esos días -cuando no estuviera contemplado en el contrato original- fuera considerado como forma de violencia, otros legisladores se oponían, aduciendo que ese tema merecería un debate en sí mismo.

Otro tema que fue dejado de lado fue el art. 8 del predictamen que se analizó en la audiencia pública que contemplaba qué hechos “no constituyen violencia laboral”: esta cláusula era impulsada por el senador Julio Miranda -vicepresidente de la Comisión- y fue dejada de lado porque -como explicaba antes Morales- se temía que esto haga a la norma más ambigua.

La posibilidad de incorporar en forma explícita qué hechos “no constituyen violencia laboral” fue tomada de la ley de moobing colombiana, pero luego en las rondas de consulta se decidió eliminar. “Si uno está definiendo qué es violencia, se supone que todo lo demás no lo es. Entonces que una misma ley defina ambas cosas puede dar lugar a errores de interpretación”, explicó una fuente de la Comisión de Trabajo.

De esta forma, los artículos que más discusión generaron fueron el 8 -ahora eliminado- y el 3, en el cual se especifica qué es violencia laboral y qué no.

Mientras que el proyecto de Morales explicaba sólo qué situaciones debían ser interpretadas como moobing, el de Ada Maza iba un poco más allá y tipificaba como violencia a las ofensas por razones de: “Género, orientación sexual, sexo, edad, religión, discapacidad, nacionalidad u origen étnico, color, estado civil, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación familiar, bromas e insultos”. Esto fue lo que finalmente quedó en el dictamen a firmar. La propuesta de Ada Maza planteaba, además, considerar “restrictivas” las referencias a “empleador, trabajador, superior jerárquico y otros en género masculino”.

La propuesta de la formoseña Adriana Bortolozzi enumera 13 situaciones a modo de ejemplo que deben tomarse como violencia. De estas y otras iniciativas -Sonia Escudero, Mirian Curletti, Gómez Diez, Salvatori y Julio Miranda- se elaboró un predictamen conjunto que fue estudiado en una audiencia pública en que expusieron distintos actores. “Hasta acá venimos con consensos. No hay hasta acá ningún problema”, dijo Morales a Parlamentario, optimista de que el tema termine de resolverse de esa manera.

“Ya tenemos casi listo el dictamen que toma todas las consideraciones y aportes que hemos recibido de la audiencia pública. Va a haber un dictamen plenario de todas las comisiones, lo cual está saliendo bien. Se han hecho aportes de la ANSeS -relativos a la prevención- que están siendo incluidos (era un tema que no estaba previsto en el texto original); se están tipificando los casos de violencia, de acoso sexual, mejorando los artículos 17 y 18 que tienen que ver con el procedimiento administrativo en los casos de acoso”, explicó.

La autoridad, en todos los casos, será el Ministerio de Trabajo y el régimen de sanciones se aplicará no sólo para los empleadores sino también para el personal superior. Las sanciones se están definiendo a la par con el Ministerio de Trabajo. Pero la idea es que los casos de violencia laboral se consideren como despido con justa causa.

¿Clima de época? ¿Justicia social? ¿Reparaciones históricas? Hoy el Congreso está debatiendo la posibilidad de legislar en forma clara y taxativa una nueva ley sobre violencia laboral, que se ajuste al impulso que el Ejecutivo le está dando a los temas sindicales y a los fallos que la Justicia dicta cada vez más frecuentemente.

Los empresarios, por ahora, prenden una luz amarilla y temen que esto les complique más la relación con los empleados y sindicatos. Sin embargo, se trata de una legislación que, sin duda, redundará en beneficio de aquellos que menos tienen y que necesitan una normativa eficaz para evitar que su necesidad -la de trabajar- se convierta en humillante.