Tal vez en sus momentos de ocio veraniego, pronto a finalizar, el jefe de la bancada de senadores del oficialismo de la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, habrá esbozado una sonrisa. No es para menos: la decisión del presidente Néstor Kirchner de prolongar por un año mas la entrega de los tickets o vales de comida, no hacía más que demostrar que su tesis de no aprobar, en la Cámara alta, los proyectos aprobados en la baja, si no contaban con la venia de Balcarce 50.

Quien lo padeció en su propia piel fue el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado kirchnerista Héctor Recalde, quien a su vez se desempeña como asesor legal de la CGT que regentea el camionero Hugo Moyano.

Donde manda capitán...

Con bombos y platillos, el diputado Recalde anticipó que uno de los primeros temas a abordar en la comisión, cuando se reanude el trabajo, sería un proyecto de su autoría intelectual, por el cual en forma gradual y paulatina se elimine la entrega de los vales de comidas para que las sumas se integren en forma progresiva al salario y, por lo tanto, sean considerados para las contribuciones patronales y los aportes personales a la Seguridad Social.

La noticia ganó todos los medios y generó rechazo de las cámaras empresariales, como era de prever. Una preocupación que fue efímera dado que desde la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, se resolvió desechar inmediatamente la propuesta de Recalde. Según trascendió en los pasillos de la Casa Rosada, habría dicho que “lo único que falta es que Recalde nos fije la agenda en el Congreso”. Claro que le faltó agregar: “Y menos en un año electoral”.

Por supuesto que Zannini no tiene autonomía para resolver un tema de esa envergadura. Es más que obvio que vía telefónica implementó la orden dada por el presidente Néstor Kirchner, quien desde Calafate siguió paso a paso los cursos de acción de los temas más candentes.

Lógicamente esta decisión de Kirchner es un mensaje claro y directo al conjunto de los senadores y diputados del oficialismo de que la agenda parlamentaria no goza de libertad, sino de libertad vigilada y con mayor razón si aborda cuestiones vinculadas al mundo empresarial. En ese contexto, se deben ubicar las prolongadas demoradas en enviar los proyectos de ley de riesgos de trabajo, del sistema previsional, en particular el régimen de AFJP, por dar dos ejemplos concretos y que en más de oportunidad se reflejó en las páginas de esta revista. No es apresurado conjeturar que difícilmente prosperen en este año, que estará condicionado por las urnas nacionales.

Por lo pronto, Recalde optó por no hablar del tema por el momento. No está demás recordar que la vigencia de esta ley data desde el 20 de junio del 2001 y que después fue prorrogado en marzo del 2003, mayo de 2005 y diciembre del mismo año.

El sistema es usado por 1,5 millones de trabajadores que reciben tickets para compra de alimentos o para comer en restaurantes, y son unas 25.000 empresas que los otorgan. La emisión de vales ronda los 3.000 millones de pesos anuales y los empleadores pagan una imposición del 14% del monto de los tickets, con destino al sistema de asignaciones familiares.

Una modalidad que tendrá vigencia por un año, por decisión de Kirchner, y que obligó a Recalde, quien se enteró por los medios de comunicación que su proyecto había muerto antes de nacer. También le quedó claro al diputado que en materia laboral nadie se corta solo, como se dijo en el despacho de Zannini, uno de los hombres de mayor confianza del hombre del Sur.