Por Mario Morando
Según información del Registro Nacional de Tránsito, disponible en la Web, la ciudad de Buenos Aires presenta la menor tasa de accidentes de tránsito del país, en relación a los vehículos registrados, lo cual puede apreciarse en la tabla debajo, entendiéndose por accidentes las embestidas, los choques, las colisiones y los vuelcos anuales:
Vehículos Accidentes % Heridos% Muertos %
(millones) (miles) (miles)
Pcia.Bs.As. 4,4 250 6% 20 8% 900 0,4%
Buenos Aires 1,8 10 0,5% 11 110% 100 1,0%
Resto país 5,2 190 4% 67 35% 2.400 1,3%
Total 11,4 450 4% 98 22% 3.400 0,8%
Sin embargo cuando al evaluar cómo dichos accidentes se traducen en heridos y muertos, Buenos Aires resulta con el peor ranking, según surge de la tabla. Hay tantos heridos como accidentes, mientras que en el resto del país no superan un tercio. Y mueren 1% del total de accidentes, más del doble que en la provincia de Bs.As.
Estas cifras no son seguras; tanto el número de accidentes, como el de heridos y muertos estaría subestimado. Según estimaciones de Luchemos por la Vida y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (ver sus sites) habría que multiplicar al menos por 3 la cifra de muertos. Sucede que ni todos los accidentes se denuncian, ni las autoridades relevan todos los accidentados/muertos, pues, por ejemplo, aquellos que fallecen luego de un tiempo de hospitalizados se computan como simples heridos. Que las estadísticas oficiales tengan semejantes distorsiones nos habla a las claras de que el Estado no está interesado en estudiar bien este fenómeno, y menos en imputar correctamente las responsabilidades. Ya Belgrano decía que el principio de la solución de los problemas nacionales era tener buenas estadísticas.
Sin embargo, algunas conclusiones podemos obtener de las cifras disponibles.
a) los 3.400 muertos anuales equivalen a la caída de 25 aviones de pasajeros llenos (de 136 asientos cada uno); es decir uno cada 2 semanas. Sin embargo nadie tiene la misma aprehensión al subirse a un auto que al subirse a un avión.
b) Además están las secuelas de los 98 mil heridos. No sólo muchos quedan discapacitados de por vida, sino que hay secuelas psicológicas graves, incluyendo a sus familiares.
c) No es menor el daño económico, por destrucción de bienes materiales y por costo de oportunidad de días laborales perdidos, incluyendo la menor producción de los discapacitados.
d) El 70% de los muertos son varones, revelando que tal vez conducen más que las mujeres y/o que lo hacen peor.
e) Las víctimas fatales se distribuyen según su movilidad así: 50% peatones, 25% biciclos y 25% automovilistas. En este último caso, un tercio son acompañantes.
f) Las víctimas fatales se distribuyen así según su edad: 10% hasta 18 años, 30% hasta 30 años, 20% hasta 50 años y 40% más de 50 años. Lógicamente en las edades de mayor circulación vial se concentran las víctimas.
Si las estadísticas oficiales sobre accidentes y sus consecuencias son débiles, ni que hablar del estudio de sus causas. Existen muestras aisladas, por ejemplo de estudios de la UBA y de la Policía Federal, de las que puede inferirse:
1) el cansancio y el apuro de los choferes profesionales explicaría casi la mitad de los accidentes graves;
2) dos tercios de los accidentes graves se producen en avenidas, por lo cual se infiere que la velocidad y las maniobras peligrosas son causas relevantes;
3) cierta concentración de accidentes en ciertos lugares geográficos, donde se repiten habitualmente (ejemplo: Av. Brasil y Lima) revela deficiencias en la infraestructura y la señalización por parte de las autoridades públicas.
4) Elementos de distracción son el celular y los carteles de publicidad. El alcohol merece una mención especial.
¿Qué debemos hacer para reducir los accidentes de tránsito y sus consecuencias?
Como siempre, una mezcla de palos y zanahorias.
A) Para las personas que ya están formadas (o deformadas), acentuar el control.
*En dicho sentido los legisladores porteños acabamos de votar en diciembre la instrumentación de la verificación técnica vehicular y el nuevo código de tránsito.
*Por mi parte presenté un proyecto de ley, bajo estudio en la Comisión de Tránsito, para mejorar el sistema de multas (ver adjunto). Propongo que todas las multas sean sólo válidas si van acompañadas de constancia fotográfica de la infracción. De ese modo se elimina la discusión del famoso “yo no fui”. Para eso es preciso dotar a un cuerpo de policía especial de tránsito, dependiente del Jefe de Gobierno, de máquinas de fotos digitales con fechador horario inviolable, e incentivarlos monetariamente por cada fotomulta registrada. Así nos aseguramos de que tengan ganas de labrar la infracción en lugar de mirar para otro lado, y de que sean efectivos al hacerlo.
*Agravar las sanciones con el retiro del carnet y la prisión, debería ser propiciado por los diputados nacionales. La ley es blanda con los conductores peligrosos.
B) Para los niños y los jóvenes es necesario impartirles educación.
*Recientemente la Comisión de Educación de la Legislatura porteña despachó un proyecto de ley (ver adjunto) que recoge mis ideas y la de los diputados Herrera Bravo/ San Martino (de PRO), y Failde/Melillo (de ARI). Se trata de implementar contenidos curriculares de Educación Vial en las escuelas públicas y privadas; de brindar capacitación docente y material didáctico al respecto; y de establecer anualmente la semana de la educación vial para movilizar desde las escuelas a la comunidad toda con actividades relacionadas al problema. Este proyecto está listo para ser votado en Marzo.
*También es necesario concientizar permanentemente a los choferes profesionales, que como vimos tienen un rol protagónico en los accidentes importantes, ya sea por apuro, por cansancio o por desidia/prepotencia.
Reflexión final:
No es realizando declaraciones de emergencia vial, ni convocando pomposos congresos como resolveremos estos problemas. Los funcionarios públicos no podemos limitarnos a ser “críticos de arte” y observar la realidad como si no tuviéramos responsabilidades en la morigeración de esta epidemia de accidentes que nos ha inundado. Tenemos que hacer el trabajo para el que los ciudadanos nos pagan:
*los legisladores, sancionando leyes utiles en tiempo y forma;
*el Poder Ejecutivo relevando y difundiendo estadísticas adecuadas, que incluyan el registro de las causas para prevenir; disponiendo de los cuerpos de contralor necesarios con los incentivos y los medios adecuados para controlar; y educando a los educables. No tiene que hacer que se preocupa: tiene que actuar.
*los jueces, castigando financiera y penalmente a los dolosos.
Valga como ejemplo de inacción del Poder Ejecutivo local la ley de deliveries que la Legislatura porteña sancionó en 2005 y que aquel optó por dejar sin reglamentar. Mientras tanto los desguarnecidos motoqueros siguen bajo el imperio de la ley de la selva, esperando el inminente accidente de tránsito que, bajo las condiciones actuales, no tardará en llegar. Así el Poder Ejecutivo se convierte en cómplice por omisión.
Mario Morando es legislador porteño macrista