El caso Skanska –donde se investiga la confección de facturas “truchas” en la construcción del Gasoducto Norte para el supuesto pago de coimas - suma un nuevo capitulo a su extenso relato con las amenazas al Juez López Biscayart para detener la investigación. Conociendo su probidad, el Juez avanzará a pesar de las presiones y el gobierno seguirá “sufriendo” las consecuencias de tener entre sus funcionarios algunos involucrados en esta causa de corrupción.

Como diputado de la oposición, sería cómodo pararme en la loma de la honestidad a criticar la corrupción de este gobierno, exigir justicia y procurar algún rédito político. Pero prefiero la incomodidad de aportar una nueva mirada.

Desde el retorno de la democracia, todos los gobiernos han tenido escándalos de corrupción. Demostrando que, la corrupción, es un problema sistémico que involucra a gobiernos de distinta ideología y conformados por coaliciones partidarias variadas, incluyendo sectores con los que reconozco afinidad política.

El hecho que la mayoría de los escándalos de corrupción nunca terminen de esclarecerse tiene dos efectos nocivos para la república: desprestigia a la clase política -esto se manifiesta en la altísima imagen negativa que tenemos los políticos- y potencia un relativismo moral en la ciudadanía, lo que explica la popularidad de conceptos como el tristemente célebre “roban pero hacen”.

Un camino de solución es crear mecanismos institucionales ágiles y efectivos para acotar la corrupción, investigar a fondo los casos que aparezcan, sancionar a sus responsables y así reconstruir los lazos de confianza entre los ciudadanos y el Estado.

El gobierno debe hacer cumplir el decreto 222/03 de Acceso a la Información, así como reactivar a la Oficina Anti Corrupción, hoy en estado vegetativo. Pero desde la oposición también tenemos que aumentar la transparencia de los fondos públicos que ya manejamos, en cámaras legislativas y organismos descentralizados, por ejemplo. Asimismo, gobierno y oposición debemos garantizar las condiciones para que los jueces que investigan causas de corrupción puedan desarrollar sus tareas sin interferencias políticas.

Pero la solución a este problema de corrupción sistémica trasciende tanto al gobierno como a la oposición, para abarcar a la sociedad toda. Encarar unidos como Nación el enorme desafío de erradicar la corrupción es hoy la mejor oportunidad para consolidar nuestra democracia.