La situación de los accidentes de tránsito en la Argentina está desbordada y el Congreso aún no tomó el toro por las astas. Habla la madre de un chico fallecido en el accidente de Santa Fe, quien critica la inacción del Poder Legislativo.
Entre 7000 y 10.000 personas por año mueren en la Argentina por accidentes de tránsito: más de una persona por hora. 2973 en Buenos Aires, 251 en Capital, 552 en Santa Fe, 527 en Córdoba, 372 en Mendoza. Las cifras -de 2005- muestran una realidad preocupante, y algunas estadísticas dicen que los primeros días de 2007 triplicó la cantidad de víctimas de años anteriores. Esto demostraría que la Argentina vive una verdadera crisis de seguridad vial, tal vez opacada por problemas “más urgentes” que se viven en el país.
A todo esto, el Congreso tiene un rol importante. Un rol que tal vez no supo asumir con la responsabilidad que el tema merece. De hecho, hasta ahora ninguno de los poderes del Estado tomó el tema en serio, ni aplicó políticas preventivas a mediano o largo plazo.
El 8 de octubre de 2006 ocurrió un brutal accidente en la ruta 11, de la provincia de Santa Fe. Un grupo de chicos de la escuela secundaria Ecos volvía de un viaje solidario en la provincia del Chaco. En dirección opuesta, un camión con su conductor en estado de ebriedad, venía zigzagueando y sin control.
Nueve chicos y una profesora murieron (¿fueron asesinados?) en el accidente. A partir de allí, padres de estos adolescentes se juntaron para intentar cambiar las estadísticas. No podrán recuperar a sus hijos, pero sí evitar que algo así vuelva a ocurrir. “Enviamos un petitorio a cada Poder del Estado para que en el tema de la seguridad vial se haga un trabajo integral y lo elevamos a la sociedad, para que ésta se adhiera y se concientice”, cuenta, a Parlamentario, Lucila de la Serna, mamá de Benjamín fallecido en el accidente. El grupo de familiares ya está trabajando como una asociación civil organizada. No sólo lograron 170.510 firmas sino que, además, lograron introducir el tema en la agenda gubernamental y mediática.
Muchos de los pedidos de estos padres tienen que ver con la acción del Poder Legislativo. “Nosotros pedimos que se revean las leyes que hay. Hay muchos proyectos dando vuelta que no llegan a concretarse. Que hagan un relevamiento de lo que hay en ambas cámaras y vean qué se puede hacer. Nosotros, en concreto, pedimos que no se venda más alcohol en las rutas nacionales y provinciales”, explica Lucila, quien sin embargo se adelanta a aclarar: “No somos especialistas en leyes, sino que nos damos cuenta de que algo está fallando”.
Legislación conjunta
Uno de los pedidos más importantes de este grupo de padres, así como también de algunos legisladores, es lograr que se pueda unificar la ley de tránsito, generando parámetros homogéneos en las distintas jurisdicciones.
“Habría que evitar que cada jurisdicción tenga leyes diferentes. Habría que dictar ciertos criterios unificados. Estamos pidiendo, además, un registro único en que se tengan en cuenta los antecedentes de la persona. Hoy, si alguien tiene un problema en una jurisdicción, se va a otra y saca el registro allí”, se queja Lucila de la Serna.
- Esta metodología debería ser fácilmente controlada, ¿por qué falla? - preguntó Parlamentario.
- Pareciera que hay intereses en cada jurisdicción. Otorgar el registro da beneficios económicos, y centralizarlo podría implicar sacarle poder a los municipios. Por eso, algo sencillo como informatizar todo, no se logra.
En el Congreso tal vez el proyecto más interesante es del senador puntano Daniel Pérsico, quien propuso en diciembre del año pasado generar una licencia de conducir por puntos que se otorgue a nivel nacional, tal como funciona en los países más desarrollados. “Como legisladores debemos una respuesta a las víctimas y familiares de los accidentes de tránsito. No es posible que en nuestro país cualquiera pueda estar al volante sin la debida preparación, ni que al perder la licencia en una jurisdicción la consiga rápidamente en otra. Es necesario redoblar esfuerzos para terminar con este flagelo”, señaló el senador.
Otro que trabajó el tema en el Senado fue Roberto Basualdo, quien propuso declarar la emergencia vial. Lo propio hicieron Carlos Reutemann, Jorge Urquía, Adolfo Rodríguez Saá y Felipe Solá, quien también presentó algunas propuestas interesantes en la materia.
Paralelamente -aunque no se plasmó en un proyecto de ley- el senador mendocino Celso Jaque, titular de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, desarrolló unas jornadas que concluyeron el 15 de noviembre, justamente referidas a estos temas.
Por su parte, en Diputados existen iniciativas al respecto, de autoría de Diego Sartori (FpV - Misiones), Esteban Jerez (Pro-Tucumán) y Manuel Baladrón.
Lucila de la Serna se muestra confiada en que durante el transcurso de este año se pueda avanzar en las modificaciones propuestas.
- ¿Tuvieron contacto con legisladores? -preguntó Parlamentario
- Sí. A fin de año se quedó en formar una Comisión Bicameral para agilizar los proyectos que están dando vueltas.
- ¿Hubo algún proyecto que particularmente les guste?
- Lo más importante no son las ideas, sino establecer criterios únicos.
- ¿Qué mensaje les daría a los legisladores?
- En este país siempre prima la indiferencia. Pero esto es algo urgente porque acá va la vida de todos. Todos tenemos hijos, viajamos… Las rutas de nuestro país son las más inseguras del mundo. Entonces, si ellos son especialistas, que tomen las medidas necesarias por el bien de todos.