En los últimos días de diciembre, en pleno fervor de las tradicionales celebraciones de fin de año, el mensajero del Poder Ejecutivo Nacional dejó en la Mesa de Entrada del Senado un proyecto de ley, cuya sustancia es introducir modificaciones en el Código Penal a los fines de incorporar normas destinadas a la penalización de asociaciones ilícitas y a la financiación del terrorismo.

En rigor, es una cuestión que desde hace varios años ronda por ambas cámaras del Congreso, pero que nunca lograron dictamen favorable las iniciativas presentadas. Claro que en la Cámara alta, más precisamente en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que preside la salteña Sonia Escudero, siempre se realizaron intentos, pero al final naufragaron. El último fue a finales del año pasado, en oportunidad de la visita de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Los integrantes de la comisión intercambiaron opiniones sobre el sensible tema y hubo un compromiso -como se reflejó en las páginas de Parlamentario– que en algún momento del corriente año podría destrabarse su aprobación.

Como no podía ser de otra manera, el cepo estaba en el primer piso de la Casa Rosada. En los despachos del presidente Néstor Kirchner; del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el del secretario Legal y Técnico de Presidencia de la Nación, Carlos Zannini. Ellos tres, más la senadora y primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, son quienes digitan el andar de la Nación en todas sus facetas. O casi todas, como lo señalan voceros autorizados del Poder Legislativo Nacional.

Incluso, esas voces, que se alzan en el mas riguroso off the record, dieron cuenta de que la sanción de esta ley, al igual que otras, depende exclusivamente de la voluntad de ellos. Y en este caso tropezaba con sus teorías progresistas, donde no encajaban, formalmente, sus posiciones en la materia.

Pero cambia, todo cambia. Pasaron los meses y la contradictoria política exterior desplegada por la Argentina, finalmente encalló en términos generales con la elaborada por los Estados Unidos, que empezó a tomar cuerpo y vida tras la visita del presidente Néstor Kirchner al gran país del Norte, que incluyó el famoso e inolvidable toque de las campanillas en el principal centro financiero del mundo.

A partir de esa visita, el representante diplomático de Estados Unidos en nuestro país, Earl Wayne, desarrolló una intensa y llamativa agenda a nivel nacional y provincial, más las visitas de protocolo a senadores y diputados nacionales.

En ese contexto, comenzó a madurar, según fuentes inobjetables, la decisión de avanzar con la sanción de esta ley, que va a erizar la piel de más de uno de los integrantes del Frente para la Victoria en ambas cámaras, en particular en la Baja, donde siempre se escucharon voces contrarias a su sanción.

Una de las razones porque el proyecto obtendrá su media sanción en la Cámara alta, con un respaldo que rondará la mayoría absoluta de los presentes en la sesión que se aborde. “¿Quién se puede oponer a esta ley en el Senado?”, se preguntó en voz alta un legislador en uno de los tramos de la conversación telefónica, al tiempo que anunció que en días más regresaba a su despacho después de pasar las vacaciones en el exterior.
Además, aseguran que en caso que Diputados introduzca modificaciones, el pleno del Senado hará valer el peso de esa decisión histórica, la que en caso de producirse se convertirá en el suceso del verano de 2007.

Quién puede poner en duda que la sanción de esta ley va a desatar un vendaval de saludos favorables y de críticas de la oposición, básicamente de los grupos radicalizados que se imaginarán el futuro que les espera si penetran en la zona prevista por las modificaciones al Código Penal. Se descuenta que el día que se aborde -en febrero- en el recinto de la Cámara alta, en las calles adyacentes estarán pobladas de manifestaciones y que el cerco policial será más que el normal.

Detalles puntuales

Entre los fundamentos esgrimidos en la ley se destaca que la Argentina, comprometida en la defensa de la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable de las naciones, asumirá una serie de obligaciones internacionales destinadas a fortalecer la lucha contra el terrorismo internacional y, en particular, contra las diversas formas de su financiación.
Además de citar los atentados terroristas en la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), es de conjeturar que también tuvieron en cuenta los últimos atentados en España e Inglaterra, por dar dos ejemplos a mano y de repercusión internacional.

En otro tramo de la fundamentación, que lleva las rúbricas de todos los ministros, se manifiesta que “el respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho para los refugiados es esencial, como así también lo es la cooperación internacional y la asistencia jurídica para hacer efectivo el cumplimiento de las normas contra el terrorismo. Si para enfrentar ese terrorismo global se recurre a una violación global de los derechos humanos, el único victorioso en esa lucha será el terrorismo”.

Claro que para el kirchnerismo su aprobación no es un hecho aislado, sino que en el 2001 se avaló el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999, y que en el 2000 Argentina ingresó como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, entre otros organismos internacionales abocados a esta acción, la que es monitoreada por el Gobierno de Estados Unidos, como se reflejó en los debates del año pasado en ambos recintos, cuando se aprobó la relativa al lavado de dinero.

Toda ley tiene un texto y un contexto. El de esta norma es el citado. Resta su aprobación parlamentaria.