El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) informó que las moratorias que permitieron jubilar a personas sin aportes y el proyecto del Gobierno para reformular el sistema previsional provocarán que en el futuro "no haya recursos para pagar las nuevas prestaciones".

Según la entidad que conduce Osvaldo Giordano, "la caída en la cobertura del sistema previsional, la insolvencia del régimen público de reparto y los altos costos de las AFJP son los principales problemas estructurales que sufre el sistema previsional argentino". En ese marco, se calificó el proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno en el Parlamento como un "acto de oportunismo político", y señaló que "el Congreso puede convalidar este acto de oportunismo político o legislar con responsabilidad resolviendo los problemas presentes y también los futuros".

Para IDESA, el proyecto oficial producirá un traspaso de afiliados de las AFJP al sistema de reparto que en lo inmediato "aliviará" las cuentas de la ANSeS, pero en el futuro generará un cuello de botella en el régimen.

Asimismo, aseguró que "las moratorias previsionales que otorgan jubilaciones a personas que no hicieron aportes implican un incremento importante de los compromisos futuros del Estado".

"Se trata de una deuda no registrada pero plenamente exigible para la cual no existe previsión explícita de recursos. En este contexto, inducir a que los trabajadores pasen al régimen de reparto producirá un alivio en la caja de ANSeS. Pero cuando estas personas se jubilen no habrá recursos para pagar sus prestaciones", advirtió, la entidad, según la cual con las moratorias impulsadas por el Gobierno "se ha creado un importante incremento futuro de gasto público sin contemplar su financiamiento".

En tal sentido, estimó que con estos planes se incorporará más de un millón de nuevos jubilados, que en los primeros cinco años incrementarán el gasto público anual en 4.900 millones de pesos, si se tienen en cuentas los recursos para la cobertura de PAMI y las asignaciones familiares.

En los años posteriores, cuando los nuevos jubilados dejen de pagar la moratoria, el gasto público adicional llegará a los 8.400 millones de pesos por año, indicó. De esta manera, en el acumulado, el régimen público de reparto (la ANSES) esta asumiendo compromisos futuros del orden de los 66 mil millones de pesos anuales.

"Frente a este complejo panorama financiero, inducir a que los trabajadores activos opten por el régimen de reparto es un paliativo para el corto plazo. Transitoriamente, la caja de ANSES mejora porque se apropia de los aportes de estos trabajadores. Sin embargo, como contracara, se generan derechos a cobrar jubilaciones para las que no se hacen reservas financieras", alertó.