La OEA advirtió a través de un comunicado que sería importante avanzar en la consideración de los proyectos de ley pendientes en el Congreso Nacional, según destacó la ONG Asociación por los Derechos Civiles, que expresó su coincidencia en que son necesarias reglas claras y transparentes que regulen el manejo de la pauta publicitaria del Estado. Reporteros Sin Frontera también remarcó que el “chantaje de la publicidad oficial” llevó a un cierto número de medios de comunicación a censurar sus programas.

Al analizar la situación de Argentina, en su Evaluación de la Libertad de Expresión en el cuarto trimestre de 2006, la Relatoría para la Libertad de Expresión sostuvo que: “tomando en cuenta las denuncias sobre asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial en el país, la Relatoría Especial considera importante que se pueda avanzar en la consideración de proyectos de ley pendientes en el Congreso Nacional que procuran regular la asignación de publicidad oficial. Por otra parte, preocupa a la Relatoría que durante el trimestre bajo estudio se habrían levantado del aire programas radiales por alegadas presiones de funcionarios públicos.”

La Asociación por los Derechos Civiles, que viene realizando un trabajo sostenido en la materia, consideró que darle un marco legal adecuado a la asignación y contratación de la pauta oficial es “un paso imprescindible para aumentar la transparencia, reducir la discrecionalidad, evitar sospechas de favoritismos políticos y permitir el control de los fondos públicos destinados a publicidad”. Siguiendo ese objetivo, la ADC publicó el año pasado el documento Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Oficial, y lo presentó ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, la organización Reporteros Sin Frontera, en su Reporte Anual 2007, respecto a la Argentina manifestó que “mientras siguen siendo bastante tensas las relaciones entre la presidencia y la prensa, la presión política y el chantaje de la publicidad oficial han llevado a un cierto número de medios de comunicación, nacionales o regionales, a censurar sus programas (…) el chantaje de la publicidad oficial ha obligado en muchas ocasiones a los medios de comunicación a someterse a la voluntad editorial de los gobernadores, o de los cargos públicos. En Tucumán (Norte), el 13 de marzo se aplazó sine die la difusión del programa ‘Periodismo de Verdad’ en el canal local 5 ATS. El motivo oficial fue que el canal quería dedicar más espacio al ocio y menos a la política. Pero la razón oficiosa fue que el gobierno de la provincia había amenazado con no concederle un maná publicitario de 20.000 euros, indispensable para la supervivencia del medio.”

La asignación discriminatoria de publicidad oficial -sin criterios razonables- y el retiro arbitrario de la pauta publicitaria constituyen un grave problema en nuestro país.