Los legisladores de la provincia de Buenos Aires pretenden, en el resto del período de sesiones extraordinarias, llegar a la sanción de algunos proyectos que quedaron a mitad de camino debido al receso que se registró en enero.

Es un año que se las trae. Por ello, desde la gobernación provincial -que se presenta como alejada de las pulseadas electorales y haciendo el esfuerzo para allanar el camino de los próximos gobernantes, lo más parecido posible a una “patriada”-, se ha desplegado un operativo seducción con los restos del PJ, con epicentro en, por estas horas, la bancada de senadores, cuyos integrantes siempre se mostraron más dispuestos a escuchar otras voces en desmedro de la del primer mandatario provincial.

Dos hechos puntuales alientan la especulación: una reunión de las autoridades del Senado con el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, donde la vicegobernadora y titular del Senado, Graciela Giannettasio, mostró su predisposición para lograr los consensos necesarios para el Ejecutivo y, por otro lado, un encuentro del propio gobernador Felipe Solá con todo el bloque del PJ y la propia Giannettasio en las alturas del Banco Provincia, en su sede central de la Capital Federal.

El andamiaje diseñado por el Ejecutivo para sus proyectos quedó varado en la Cámara alta, ante la negativa de los bloques del PJ y la UCR a tratar sobre tablas la reforma al Código Procesal Penal y los proyectos que crean nuevas alícuotas de los bienes personales, denominados por el gobierno felipista como de “riqueza y activos financieros”. Todos lograron pasar por la Cámara baja donde se introdujeron modificaciones, pero no lograron los dos tercios para ser considerados sobre tablas en el Senado.

Ahora la situación es diferente. El proyecto de “activos financieros” despistó y está fuera de carrera. La norma fue observada, desde un principio, como de fácil elusión, en virtud de que a través del simple hecho de retirar los fondos de los bancos bonaerenses el impuesto no puede ser aplicado a los titulares de esos fondos.

El proyecto de impuesto a la riqueza, con base en 700 mil pesos, no termina de convencer al ministro de Economía, Gerardo Otero, y por esto visitará esta semana la Cámara alta. Como se sabe, el Ejecutivo envió el proyecto sobre la base de 500 mil pesos, pero en diputados la negociación degeneró en los actuales 700 mil. Las conversaciones apuntan a que se vuelva a la cifra dispuesta por el Ejecutivo para ser aplicada la “sobretasa” de inmobiliario urbano y patente que superen dicha cifra.

Pero de los temas que quedaron en el tintero, el que más polvadera levanta es la intención del Ejecutivo provincial de introducir profundas reformas en el Código de Procedimiento Penal. Buenos Aires parece estar condenada a realizar, constante y permanentemente, modificaciones a este Código.

Pero las vacaciones también colaron la “emergencia -una palabra comodín en la gestión Solá- vial”, una jugada que cosechó los más sinceros apoyos entre los legisladores. “¡Algo hay que hacer!”, es la expresión común y “está bien que el Gobierno alerte sobre lo que está pasado en las calles y rutas de la Provincia”. También, de hecho, el paquete elaborado por el Ejecutivo recoge muchas propuestas que estaban en estudio en la Legislatura de la Provincia y que, en principio, no avanzaron en virtud del “estatus” que le asignaron las bancadas mayoritarias de ambas cámaras que responden al gobierno. Por lo tanto, el paquete del Ejecutivo tiene consenso de origen.

No obstante, algunos legisladores no dejarán pasar la oportunidad para reclamar una política centralizada sobre el transito; y reclamar que se adhiera a la ley nacional que no suscriben Buenos Aires, Córdoba y Mendoza -hasta el momento-, si esto sucede, se permitirá tener una política “coherente y con reglas efectivas para todos”.

Por último, en el arranque tras el receso veraniego, el Senado podría dar el “corte final” a una “emergencia policial” que se enredó demasiado en los pasillos legislativos y que el ministro de la cartera de Seguridad reclama en toda ocasión. Y que, a esta altura, podría ocasionar más de un inconveniente legal y económico a la Provincia, que por el momento la hace efectiva por decreto y que la norma, que se demora, tendría que ratificar.

La gran reforma

El presidente del bloque de senadores bonaerenses del FpV, Osvaldo Goicoechea, defendió la reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Ejecutivo provincial y aseguró que “la Justicia es un sistema que ha fracasado”.

El legislador salió al cruce del el sector que cuestiona las modificaciones propuestas y, al respecto, indicó que “nos sentimos apretados o coaccionados con las cartas, las presentaciones judiciales y presentaciones en la Corte. Hay magistrados que están queriendo condicionar nuestro voto”.

Las declaraciones del senador tienen relación, entre otras, con la presentación del juez de la Casación, Horacio Daniel Piombo, quien interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma, recusando a los ministros del máximo tribunal de la Provincia “por estar comprometidos en la reglamentación de la ley”.

El magistrado aclaró que eligió una vía preventiva dado que, inmediatamente de publicada la ley, “ocurrirán daños irreparables”, tales como, entre otros, la desaparición del recurso de casación.

Como respuesta, el gobernador Solá ratificó la vigencia del proyecto: “Si queremos tener seguridad en serio”, dijo, calificando a la situación de la justicia penal bonaerense como de “colapso” y aseguró que por la reforma que impulsa está dispuesto “a pagar los costos políticos que tenga que afrontar para que no los tenga que pagar quien me suceda”.