A la “vorágine” parlamentaria, lamentablemente, ya nos hemos acostumbrado.
Utilizo el término en su sentido más peyorativo, el que se aplica a una aglomeración confusa de sucesos o cosas en movimiento y no es la forma en la cual me gustaría aplicarlo. En su sentido laudatorio, el que indicase estar inmerso en un ritmo de trabajo incesante y razonado, sobre todo esto último. Muy por el contrario, la “vorágine” refiere a medidas que son tomadas súbitamente y luego enviadas al Poder Legislativo para su aprobación con carácter de “urgente”. Así la emergencia se perpetúa y el problema se corre de lugar pero no es solucionado.

Se suceden las “declaraciones de emergencia”, lo cual no está bien, puesto que éstas deben ser “transitorias” y no prorrogarse sin planes estratégicos que lleven a soluciones concretas, así como también los proyectos de ley tendientes a descomprimir los sistemas carcelarios y judiciales (irreflexivos por cierto). ¿Y qué hacemos los legisladores, se pregunta la gente? Algunos nos oponemos.

Que el sistema está en crisis, es cierto. Basta un ejemplo: en los Tribunales de Quilmes se da fecha para juicio oral recién para el 2013.

Llevamos más de dos años de declaraciones de estado de emergencia y la consecuente intervención del Poder Ejecutivo en el Servicio Penitenciario Bonaerense y los penosos acontecimientos continúan.

Párrafo aparte merece el ya “clásico” otorgamiento de “superpoderes”, como lo fue el tan cuestionado, pero finalmente otorgado, a Rentas; o el que se definirá en breve en el Congreso bonaerense y pretende otorgarles a los intendentes facultades para disponer medidas, como embargos e inhibiciones (previo modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades a tal fin), todo con carácter de “urgente”.

Las “reformas legislativas a ciegas” nada solucionan y los oídos sordos a las críticas, o lo que es aún peor la irritabilidad ante las críticas, conforman un cóctel que hiere a la República.

Pues bien, otra vez estamos “urgidos” en tratar una reforma, nada menos que del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, ahora para suprimir el Tribunal de Casación y embarcarnos en un cambio de estructura judicial que abarca a funcionarios, administración y proceso judicial.

La Casación es quien vela por la unificación de la interpretación de la ley en la Provincia. O sea que si ella es suprimida habrá interpretaciones muy variadas ante un mismo hecho, dependiendo de la jurisdicción. Por ejemplo: un hecho para cuya consumación se entienda que deben estar presentes determinados extremos “sin los cuales el hecho no puede ser entendido como tal” y, por lo tanto, no punible, puede que en otra jurisdicción se entienda consumado con menores requisitos. Entonces, la norma sería de aplicación más benévola en un departamento que en otro (rayano con la injusticia y la arbitrariedad), así quienes tengan la intención de delinquir preferirán hacerlo en las jurisdicciones en las cuales la interpretación de la ley sea menos dura.

La reforma que llega a estudio no hace más que agudizar la gravísima situación por la que atraviesa nuestro sistema judicial y penitenciario y mostrar, una vez más, la forma espasmódica y errática con la que se viene respondiendo a los problemas y necesidades sociales. Aprobar proyectos sin evaluar el impacto, y sobre todo la utilidad de los mismos, es una práctica que se debe abandonar pues las leyes se suceden y los problemas continúan en el mismo lugar o en otro peor. Si la Casación no ha dado los resultados esperados, razón más que suficiente para pensar cómo optimizarla y no suprimirla.

Consideración aparte merece la desprotección y avasallamiento de derechos y garantías que se plasman en el proyecto desde el inaceptable “Tribunal Departamental” con sus “polifunciones” (los jueces pueden ser convocados para constituirse en tribunal o bien actuar unipersonalmente) que van desde la ligereza a la “gravedad institucional”. De más está decir que esta reforma no soluciona el tema de la superpoblación carcelaria, ni el conflicto de los neuropsiquiátricos, ni las declaraciones de emergencia del Servicio Penitenciario, por el contrario se ve aumentada la conflictividad pues a las quejas que a diario leemos en diarios y vemos en televisión se sumarán, de prosperar el proyecto, las de funcionarios judiciales ni bien se intente poner en marcha, ya que presenta graves deficiencias estructurales y económicas, sin entrar en los conflictos de “responsabilidad” que deberán afrontar los funcionarios, pues bien sabemos los profesionales del Derecho que todo acto de los que aquí tratamos implica decisiones que se firman, razón por la cual la “polifuncionalidad” está reñida con la “responsabilidad”.

“Sería una gran reforma en la política el que se pudiera extender la cordura con tanta facilidad y tanta rapidez como la locura”.

Winston Churchill

* Marcelo Honores es senador provincial de Bs. As. del bloque de la UCR