Reforma en marcha

El Ejecutivo bonaerense presentó una serie de proyectos para modificar el actual Servicio Penitenciario.

Mediante una batería de al menos cinco proyectos de ley el Ejecutivo bonaerense impulsó una fuerte reforma de su Servicio Penitenciario, incluyendo sensibles modificaciones al régimen del personal, como la posibilidad de que ex presos puedan acceder a la fuerza, la eliminación del arresto como método de castigo, la posibilidad de gozar de licencias por paternidad para los hombres y la autorización para que los agentes puedan participar activamente en partidos políticos, entre otros que le dan marco jurídico legislativo a reformas ya aplicadas vía decreto.

En otro de los proyectos de ley ingresados a Legislatura, para su aprobación, se contempla la posibilidad de prorrogar al menos por un año la actual “emergencia” del Servicio Penitenciario, vigente desde enero de 2004, y que el Senado lo aprobó a fines del 2006, pero su tratamiento no pudo realizarse en Diputados.

Uno de los puntos más controvertidos de los proyectos remitidos por el PE prevé la posibilidad de que puedan ingresar a revestir dentro de la fuerza “ex internos” que “hayan sido condenados en causa criminal por hecho doloso”, medida que persigue favorecer “desde la institución, la reinserción social del ex interno que desee formar parte del personal”.

“La creación de posibilidades laborales en el establecimiento para ex reclusos no solamente significa una excelente técnica de rehabilitación, sino que les permite demostrar que algunos presos efectivamente ‘lo consiguen’, por ello los aspirantes con antecedentes penales ciertamente no deben ser rechazados”, establece los fundamentos de la reforma impulsada por el Ejecutivo.

En relación a la edad de quienes aspiren, la iniciativa legislativa amplía la edad máxima de ingreso “a 40 años” y prevé que, a su vez, “por razones de profesión esa edad pueda ser inclusive superada”.

En este punto -establecen los fundamentos- se apunta a que “la carrera profesional y técnica favorecerá el ingreso de personal altamente capacitado por antigüedad y experiencia que detente en sus respectivas profesiones”.

Autoriza, además, a la Jefatura del Servicio a incorporar personal “sin estabilidad”, que cumplirá funciones de acuerdo con el régimen contractual, bajo la modalidad de “personal eventual”, cumpliendo tareas específicas como personal temporario; y se sustituye “el concepto de retiro” por el de “jubilación”, medida con la que se apunta a erradicar todo vínculo de dependencia de los agentes que pasen a situación de pasividad con la institución”.

En otro de los puntos principales de la reforma, el Ejecutivo estipula el “orden de mérito” para la actual carrera penitenciaria, privilegiando “las calificaciones y el estudio para el ascenso por sobre el mero transcurso del tiempo y la antigüedad en la institución”, punto para el que se creará una Junta de Calificaciones.

También se incluye la reforma a la ley de Personal del Servicio, implementándose “nueve grados divididos en tres niveles: grados 1 a 3, de nivel inicial; grados 4 a 6, de nivel de ejecución y supervisión y grados 7 a 9, de conducción y estrategia”.

Además, se plantea restringir la utilización de armas “habilitándose únicamente para los agentes que cumplan funciones en la carrera Seguridad y condicionando esa portación al momento en que el agente se encuentre en servicio”.

También se incorpora la licencia por paternidad y con relación a las prohibiciones se ha suprimido la prohibición de participar en partidos políticos.

Alegando una “controvertida constitucionalidad”, la reforma impulsada por el Ejecutivo suprime la sanción de “arresto”, definida como una sanción administrativa consistente en la privación limitada de la libertad, con otras que apuntan a “prevenir y educar a la pena”: apercibimiento, amonestación, suspensión del empleo sin goce de haberes, cesantía y exoneración.

En cuanto a la modificación de la actual ley Orgánica del Servicio Penitenciario, una de las iniciativas impulsa la organización del servicio que quedará estructurada por Jefatura; Direcciones Generales; Direcciones de Apoyo; Complejos Penitenciarios; Unidades Penitenciarias; Alcaidías; Anexos y Módulos. Otra, involucra a la Dirección General de Salud Penitenciaria.

En cuanto a la prórroga de la actual ley de emergencia, se reclama fijarla a partir del 20 de enero de 2007 “por el término de seis meses y autorizar al Poder Ejecutivo a extender por seis meses adicionales su vigencia”.

Se establece en la misma, además, que el titular del Ministerio de Justicia está facultado para “disponer bajas, retiros, retiros efectivos voluntarios, retiros efectivos obligatorios, prescindibilidades, reubicaciones, cambios de escalafón y ascensos”, entre otras facultades.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password