Senadores aprobó la concesión firmada por el Gobierno con la empresa Aeropuertos Argentina 2000 y posteriormente la Cámara baja hizo otro tanto para lograr su aprobación definitiva y evitar que venciera el plazo y se generara lo que se denomina "sanción ficta".
Con el voto mayoritario del oficialismo, el Congreso aprobó la renegociación del contrato de concesión firmada por el gobierno nacional con la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
La propuesta fue avalada en primer término por la Cámara de Senadores por 37 votos a favor y 14 en contra, más dos abstenciones, mientras que poco después de las 21 hizo lo propio la Cámara baja, donde se registraron 129 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones.
El respaldo obtenido en ambas cámaras evitó que el contrato tuviera sanción ficta, situación que se habría registrado después de la medianoche si el parlamento no ratificaba la propuesta.
El contrato establece que la empresa deberá saldar una deuda con el Estado de 850 millones de pesos, a cancelar con acciones y obligaciones negociables por hasta el 20 por ciento del patrimonio. En este sentido, se estableció un plan de inversiones hasta el fin de la concesión de 978 millones de pesos hasta 2010, y de 1.180 millones de pesos, desde 2011 a 2028, destinados a mejorar el servicio.
Ese plan se financiará con el 15 por ciento de los ingresos mensuales de Aeropuertos a un fondo fiduciario específico, orientado a obras de mantenimiento, mejora y ampliación de las 32 estaciones aeroportuarias a su cargo.
El proyecto fue defendido en el recinto por el senador oficialista Jorge Capitanich, quien sostuvo que el nuevo acuerdo “supera controversias, elimina reclamos internacionales y termina con la incertidumbre jurídica”.
“La rescisión del contrato implicaba más costos que beneficios. Con este nuevo contrato se resuelven conflictos, se superan controversias, se eliminan los reclamos internacionales y se termina con la incertidumbre jurídica, lo cual facilita las inversiones”, sostuvo el titular de la Comisión de Presupuesto.
El representante chaqueño también mencionó “una serie de recomendaciones” que pueden no ser tenidas en cuenta por la concesionaria ya que no existe legislación que la obligue.
Capitanich mencionó la “necesidad de resolver las barreras arquitectónicas” para los discapacitados; “garantizar la provisión de combustible para las aeronaves mediante la libre competencia”; y “garantizar un ámbito de debate de los problemas entre el concesionario y las líneas aéreas”.
El proyecto contó con el rechazo de los integrantes del bloque de la UCR y del representante socialista Rubén Giustiniani, quienes cuestionaron la “condonación” del canón adeudado por la empresa concesionaria.
Al respecto, el senador socialista dijo que los inclumplimientos parte de la empresa “imponen la rescisión del contrato” y denunció la “asociación entre el Estado y la concesionaria en la explotación del negocio”. Por otra parte, consideró que la aprobación del acta de acuerdo es “un escándalo” que “reinstala la política privatizadora de los 90”.
A su vez, el senador justicialista Adolfo Rodríguez Saá -quien junto a su compañera puntana Liliana Negre de Alonso se abstuvo- aseguró que se trata de “una mala renegociación” y denunció “fuertes presiones de la empresa (Aerolíneas Argentinas) para que el poryecto salga aprobado rápidamente en ambas cámaras”.
Como respuesta, Capitanich remarcó que “el Gobierno no resigna los cánones adeudados por la empresa”, sino que, por el contrario, “participará en un monto equivalente al 20 por ciento” del capital social.
El radical santacruceño Alfredo Martínez, anticipando la oposición de su bancada, criticó “la imposición de cargos específicos” para crear un fondo fiduciario destinado a hacer obras “que es un aumento encubierto que van a pagar los usuarios”.
La salteña Sonia Escudero reclamó que el organismo regulador que debe controlar el manejo de los aeropuertos, el ORSNA, debe “garantizar el suministro de combustible para los aviones”.
A su vez, el pampeano Rubén Marín, en tanto, resaltó que “el problema no está en el Estado, sino en la concesionaria que no cumplió nunca”, y resaltó que su provincia se vivió el “incumplimiento desde el inicio de la concesión”.
En Diputados, la arista María América González rechazó la renegociación del contrato y dijo que los propietarios de la empresa “cobran en dólares y pagan todos sus insumos en pesos”.
El representante del interbloque Provincias Unidas Luis Lusquiño, también se pronunció en contra de la renegociación contractual y dijo que “permite licuar la deuda y estima en forma subvaluada los ingresos” de la empresa.
