La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto sobre la empresa Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima.
Con el aval mayoritario del oficialismo, que logró reunir 133 votos en favor de la iniciativa, la Cámara baja concluyó positivamente para el oficialismo el debate que había quedado trunco por falta de quórum en diciembre pasado.
La norma fue sancionada en un trámite relativamente rápido, que demandó 45 minutos.
El bloque del FpV logró 133 votos a favor, provenientes de la propia bancada y del Peronismo Federal, mientras que 75 votos fueron en contra.
Como ocurrió en la última sesión del año pasado, el oficialismo logró cohesionar al ARI, UCR, socialistas, macristas y partidos provinciales contra el proyecto del Gobierno.
Abrió el debate el titular de la Comisión de Obras Públicas, el kirchnerista Edgardo Depetri, hizo una defensa hermética del texto oficial, que no tuvo modificaciones en su debate en comisiones.
“La rescisión vino a cubrir una necesidad de instalar el tema del agua como derecho humano fundamental, para que los servicios sociales no sean considerados una mercancía sino un derecho humano fundamental”, afirmó Depetri al presentar el tema en el recinto. En su discurso destacó que “Aysa vino a resolver los problemas fundamentales que heredamos de la nefasta privatización, porque AySA heredó un déficit de agua potable con más de 1,5 millones de habitantes y un déficit de cloacas 3,5 millones de habitantes”.
“Tomamos un servicio calamitoso, con baja presión en redes de agua, nitrato en el agua y falta de mantenimiento, y en estos meses, AySA tiene notables mejoras: la recaudación creció 4,4 puntos y tuvo un aumento del 10 por ciento en el tratamiento de afluentes cloacales”, insistió.
Desde la oposición, la arista María América González sostuvo que el marco regulatorio de AySA beneficiará “sin ningún control” el ministro de Planificación, Julio De Vido. “El derecho humano es una derecho 'de vido', 'de vido', con ve corta y separado”, ironizó González durante el debate parlamentario.
“Cuando todos los caminos conducen a la Secretaría de Planificación, conducen sin ningún tipo de control”, remarcó la legisladora, que insistió sobre la inconstitucionalidad del proyecto por cuanto “hay una acumulación de poder en el secretario de Planificación. La tarifa social y la provisión de agua no están garantizados para todos”.
También criticó la norma Claudio Lozano, quien recordó que él estuvo de acuerdo con la rescisión del contrato a Suez, pero rechazó la conformación de “una sociedad anónima de derecho privado y no una sociedad estatal”.
