La Cámara baja dio el primer paso para sancionar un proyecto surgido del Gobierno a partir del caso de un joven muerto a golpes por custodios del boliche La Casona, de la localidad de Lanús.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley que crea un registro único para el personal que realiza tareas de control y permanencia en los espectáculos públicos.
La iniciativa impulsada por el oficialismo obliga a quienes comúnmente son conocidos como los “patovicas” a realizar cursos según el tipo de tareas que realicen y señala expresamente que no podrán ejercer quienes tuvieran condenas por delitos de lesa humanidad.
El texto del proyecto que se encamina a convertirse en ley señala que los custodios no pueden pertenecer a las fuerzas armadas o de seguridad o haber sido exonerados de alguna de ellas.
La iniciativa obtuvo su aprobación a través del voto unánime de los 160 diputados presentes.
Cuando el Senado convierta en ley el texto, los futuros “patovicas” deberán tener dos años de residencia efectiva en el país, ser mayores de 18 años, haber cumplido la educación obligatoria y presentar certificado de antecedentes penales y reincidencia carcelaria.
El “certificado técnico habilitante” será otorgado por el Ministerio del Interior y para obtenerlo deberá realizar un curso que lo habilite controlador, controlador especializado o técnico en control de admisión y permanencia. Los cursos tendrán materias como “derechos humanos”, “nociones de derecho constitucional y penal”, “comunicación no violenta”, “técnicas de neutralización de agresiones físicas”, “primeros auxilios”, “ética profesional” y “seguridad contra siniestros”.
No podrán desempeñarse en la tarea quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, integren las Fuerzas Armadas o de seguridad, o hayan sido condenados con penas de más de tres años de detención.
En el caso de una infracción grave se cobrará una multa que va de los 500 a los 5.000 pesos y se cancelará la habilitación del trabajador, lo cual implica el retiro del carné profesional y la privación para ejercer funciones a futuro.
