El magistrado que interviene en la causa por el pago de supuestas coimas para la aprobación en el Senado de la reforma laboral en tiempos de De la Rúa, dispuso clausurar la instrucción.
El juez federal Daniel Rafecas decretó la clausura parcial de la instrucción de la causa que investiga los supuestos sobornos en la Cámara de Senadores durante la gestión aliancista, en el año 2000.
Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado al frente de la causa considera que existe un “elevado grado de probabilidad” de que se hayan pagado los sobornos, por lo que nueve acusados deberán ir a juicio oral.
Se trata de los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Alberto Máximo Tell, Augusto José María Alasino, Remo José Costanzo y Ricardo Alberto Branda; el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el “arrepentido” ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quienes en caso de ser condenados podrían recibir penas de hasta seis años de prisión por “cohecho”.
En agosto de 2005 todos fueron procesados y embargados.
En cuanto al ex presidente Fernando de la Rúa, el juez Rafecas dispuso “proseguir” la investigación.
Durante 2001 se dieron a conocer las denuncias por supuestos pagos de coimas a senadores oficialistas y de la oposición para la aprobación de la ley de reforma laboral, que marcó el comienzo del fín del gobierno de Fernando de la Rúa.
En su resolución de más de 70 carillas, el juez analizó pormenorizadamente la situación de los tres ex funcionarios y seis ex senadores a los que oportunamente procesó por el pago y el cobro de las coimas, en una medida luego confirmada por la Cámara Federal.
En otro segmento del expediente -donde el imputado es el ex presidente De la Rúa- el juez está abocado a la realización de una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa del ex jefe del Estado en forma previa a resolver su situación procesal, es decir si también lo procesa, lo sobresee o dicta su “falta de mérito”.
Rafecas señaló que el fiscal Federico Delgado imputó a De Santibáñez, Flamarique, Genoud y Pontaquarto “haber ofrecido el pago de una suma de dinero para que funcionarios públicos hagan algo relativo a sus funciones” y que ese ofrecimiento estuvo dirigido, en concreto, a Cantarero, Alasino, Costanzo, Tell y Branda.
Según la acusación fiscal, los entonces senadores justicialistas “recibieron la suma total de cuatro millones trescientos mil pesos para que a través de su apoyo se lograra la sanción del proyecto de Ley que resultó aprobado por la Cámara Alta el 26 de abril de 2000”, en tanto a Genoud se le dieron los 700.000 pesos “remanente del dinero entregado a Cantarero el día anterior”.
Respecto del pedido de elevación a juicio efectuado por Delgado, el juez dijo que tiene “cierta originalidad de su exposición que podría desorientar a quienes se apegan en demasía a ciertos formulismos procesales”, y que ese trabajo “se ve jalonado de referencias probatorias, históricas, políticas, así como de las valoraciones y desarrollos lógicos a través de los cuales fue encadenando su relato”.
El juez recordó que el expediente lleva más de seis años de trámite y analizó minuciosamente todas las pruebas reunidas hasta el momento (testimoniales, periciales, documentales) y los argumentos acusatorios de Delgado, del titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, y del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quienes actúan como querellantes.
Las hipótesis de los defensores de los ex funcionarios y legisladores acusados también fueron desmenuzadas por el magistrado, quien rechazó las presentaciones que pretendían “nulificar los requerimientos de elevación” de esta causa en la que se investiga todo lo acontecido entre el 4 y el 27 de abril del año 2000.
