Los colegios de Abogados y de Magistrados de la provincia de Buenos Aires reafirmaron su rechazo al proyecto de reforma penal que impulsa el gobernador Felipe Solá, por considerar que “profundizará la lentitud de la Justicia y generará mayor inseguridad jurídica”.

Además, reclamaron a los legisladores la apertura de una instancia de análisis y debate con los operadores del sistema judicial antes de que sea aprobado.

En un pronunciamiento conjunto, abogados y jueces decidieron hacer causa común contra la reforma y señalaron: “la urgencia, la emergencia y la excepción han sido el marco en el cual se han adoptado muchas decisiones trascendentes en nuestra Provincia. Sin embargo, ninguna de ellas debe servir de excusa para clausurar el debate y el consenso”.

El proyecto tiene como aspecto central y polémico la eliminación del Tribunal de Casación, pero además divide a los Tribunales Criminales en juzgados unipersonales, con el objetivo de triplicar la capacidad de audiencias en juicios. También establece que las resoluciones de los jueces de primera instancia podrán ser apeladas ante las Cámaras Penales de cada departamento judicial y no ante la Casación, como ocurre en la actualidad.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados a fin del año pasado y ahora está trabada en el Senado en medio de una puja entre el oficialista Frente para la Victoria con el PJ y la UCR.

Al analizar la última reforma del proceso penal, en 1998, abogados y jueces señalaron que “en los nueve años transcurridos desde su implementación, ha sido objeto de 11 modificaciones, transformando en un péndulo lo que debió ser un punto fijo. El sistema ya no admite más reformas de apuro y sin consenso”.

“La urgencia, la emergencia y la excepción han sido el marco en el cual se han adoptado muchas decisiones trascendentes en nuestra provincia”, agregaron, y remarcaron que, “sin embargo, ninguna de ellas debe servir de excusa para clausurar el debate y el consenso”.