– Luego de un intento fallido, Diputados aprobó el marco regulatorio de AySA. Sin embargo, la oposición no lo apoyó. ¿Por qué?

-No lo apoyamos porque el marco regulatorio de AySA es la expresión más acabada y ejemplifica el doble discurso del Gobierno nacional: por un lado, defenestra el proceso privatizador de los años ´90 y, por el otro, utiliza exactamente los mismos métodos de celeridad, opacidad y falta de transparencia, que caracterizaron los procedimientos de aquella época.

– ¿Por qué no estuvieron de acuerdo con el proyecto del oficialismo?

– Porque el proyecto de ley aprobado está viciado de nulidad absoluta, dado que no tiene en cuenta los preceptos consagrados por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que asegura las garantías y los derechos de los consumidores y usuarios. Además, la UCR considera fundamental, después de la nefasta y patética experiencia con Aguas Argentinas, elaborar un debate profundo en lo político, lo científico y lo técnico, con la participación de todos los actores sociales especializados e interesados en el tema del agua.

– ¿Está de acuerdo con la creación de un ente regulador?

– El ente regulador que creó el Ejecutivo no garantiza la independencia, la imparcialidad, ni la idoneidad de sus integrantes. Nada de eso se encuentra en el marco regulatorio propuesto, ya que éste establece un régimen de múltiples autoridades, así como también una superposición de facultades y funciones de los organismos y entes diseñados, todo tendiente a centralizar su accionar en las autoridades de la Administración central.

– ¿Cuál era la propuesta del radicalismo?

– Una ley marco que preceptúe los lineamientos generales de la organización y funcionamiento de los entes reguladores de servicios públicos. Además, debe establecerse la autarquía funcional y financiera de los entes reguladores, excluyendo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte normas reglamentarias para esos entes en el ámbito de su competencia expresa o implícita, previendo la participación en sus directorios de las asociaciones de usuarios y consumidores. También, la norma tendría que establecer los motivos de intervención que deberían establecerse en forma taxativa, dejando en claro que será necesaria e indispensable la intervención del Congreso.