Un extraño despliegue se produjo durante los últimos días, sobre la necesidad de modificar parcialmente la ley integral de Residuos Sólidos Urbanos que -actualmente- rige en la provincia de Buenos Aires, con el telón de vecinos movilizados porque no quieren que sus distritos reciban basura de la CEAMSE.

Pocas veces ocurre en la vida parlamentaria que, en menos de dos meses, los legisladores cambien de opinión: es decir, que salgan a fogonear un cambio en una ley que ellos mismos aprobaron algún tiempo atrás. Mucho más extraño aún cuando se trata de un proyecto que fue discutido durante años en la Legislatura provincial -más de 15- y que finalmente terminó aprobándose uno remitido por el Ejecutivo, al que los legisladores introdujeron modificaciones.

Es precisamente donde se insertaron estas modificaciones -introducidas en la Cámara alta, al proyecto enviado por Felipe Solá- donde diputados oficialistas amenazaron con cambiar a través de una presentación de un nuevo proyecto de ley.

Concretamente fue el propio presidente de la bancada de diputados del FpV, Fernando “Chino” Navarro, quien públicamente se mostró dispuesto a modificar la ley que tanto esfuerzo había costado sacar en la Legislatura. “Si cometimos algún error hay que corregirlo” dijo el dirigente “ultrakirchnerista”, según la denominación de la prensa del distrito de donde proviene, Lomas de Zamora.

Navarro, por el momento, no presentó ningún proyecto correctivo de la ley integral de residuos, a pesar de contar con apoyos que se hicieron públicos de otros integrantes de la bancada que preside. Pero preparó el terreno para que la oposición haga de las suyas. Oposición que, oportunamente, advirtió sobre los inconvenientes que presentaba el proyecto en general, y en particular en su artículo 12, que faculta al gobernador a designar el lugar donde funcionarán los denominados Polos Ambientales Provinciales.

“Si realmente el oficialismo tiene vocación de derogar la ley, hay que hacerlo inmediatamente”, dijeron desde el ARI, a través del diputado Walter Martello, autor de uno de los proyectos que pretende devolver a los municipios facultades para que decidan si aceptar o no la instalación de Polos Ambientales en su jurisdicción.

En la bancada del ARI deducen que ante la publicación de los análisis que dieron resultados positivos para dos distritos -Brandsen y Campana-, y que la CEAMSE entregará a la Secretaría de Política Ambiental, el legislador del ARI interpreta que la Legislatura debe -a la brevedad- abordar el tema.

“Es absolutamente necesario que los vecinos encuentren respuestas inmediatas a sus reclamos, antes que los mismos lleguen a un estado de conflicto difícil de superar”, manifestó Martello.

“Hoy existen tres iniciativas: la del ARI, la presentada por diputados de la UCR y una tercera que estaría elaborando el diputado Fernando Navarro, que van en el mismo sentido, con lo cual existiría consenso suficiente para tratar este problema y originar el instrumento legal necesario para que los municipios recuperen la autonomía de las decisiones”, subrayó Martello.

Desde la UCR se presentó un proyecto que pretende derogar la ley 13.592, sancionada el 7 de diciembre de 2006, por la cual se establecieron los procedimientos de gestión de Residuos Sólidos Urbanos, de acuerdo con la ley nacional 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, señalando que “la envergadura del tema hubiera merecido un tratamiento exhaustivo que permitiera hacer modificaciones y consensuar posiciones”.

Los radicales, además, aclararon que “uno de los puntos principalmente controvertidos es la localización de los Polos Ambientales Provinciales”, los cuales serán “arbitrariamente designados” sin el consenso de los ciudadanos ni de las autoridades distritales, y con un “único criterio de aptitud o ineptitud” basado en la distancia respecto de los pozos o reservas acuíferas destinadas a uso doméstico o industrial, según quedó plasmado en la ley que se aprobó en la Legislatura y promulgó el Ejecutivo.

“Claramente se avasallan las autonomías municipales y se utilizan criterios muy simplistas para la ubicación de dichos polos -dijo el vicepresidente del bloque de diputados radicales, Juan Gobbi- . Sería acertado fijar criterios de evaluación mucho más complejos y profundos, para consignar las localizaciones más adecuadas, que -perfectamente- pueden ser realizados por algunos de los centros de altos estudios con que cuenta nuestra Provincia, así como también contar con el consenso del distrito que va a ser receptor de los residuos”.

Pero, además, para este legislador radical, se sigue “hablando de rellenos sanitarios (Polos Ambientales) sin que haya una política establecida para minimizar, reutilizar, reciclar y generar compostaje de los residuos; en la Argentina estamos en camino de seguir enterrando el 100 por ciento de la basura que generamos”.

El final, por el momento, es abierto, pero el gobernador Felipe Solá ya anunció que -a más tardar- a fines de febrero se conocerá finalmente dónde se radicarán los Polos Ambientales Provinciales.