La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto oficial que permitirá optar entre el sistema privado y el régimen de reparto sin restricciones.
La iniciativa aprobada en la Cámara baja dará marcha atrás con la prohibición establecida en la ley previsional aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, y contó con el aval de las distintas fuerzas opositoras menos de los legisladores macristas del PRO.
Se trata de una iniciativa que apunta al mantenimiento de la vigencia de ambos regímenes jubilatorios, ya que permite que la población elija libremente el destino de los aportes.
La iniciativa obtuvo el respaldo de 209 legisladores del kirchnerismo, el radicalismo, el ARI, el socialismo y los lavagnistas del Peronismo Federal, mientras que sólo tuvo 10 votos en contra de los legisladores macristas del PRO.
Cabe destacar que el respaldo al proyecto oficial no fue absoluto, por cuanto diputados aristas, radicales, socialistas y el economista de la CTA Claudio Lozano reclamaron una reforma de fondo y cuestionaron que la modificación contenga plazos para optar en lugar de ser absolutamente libre.
La iniciativa, que contaba con sanción del Senado, fue debatida por los diputados en la última sesión del período extraordinario. La misma apunta al mantenimiento de la vigencia de ambos regímenes jubilatorios, ya que permite que la población elija libremente el destino de los aportes.
El debate contó con la presencia representantes de organizaciones de jubilados y sindicatos que colmaron los palcos del recinto de la Cámara baja a lo largo de la sesión.
También siguieron el debate de la iniciativa, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSéS), Sergio Massa, que ofrecieron una conferencia de prensa para respaldar la iniciativa.
Previamente, las organizaciones sociales y sectores de ATE Capital y Nacional realizaron una marcha frente al edificio del Congreso para respaldar la sanción del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Y ni bien se conoció el resultado de la votación, decenas de petardos y fuegos de artificio fueron encendidos en la puerta del Congreso por parte de los militantes que se congregaron para apoyar la propuesta oficial.
“Si bien hay coincidencia en las distintas fuerzas, esto no se hizo antes porque primero tenían que recuperarse las variables macroecónomicas, el desquicio de las cuentas públicas y de la recaudación previsional”, explicó el kirchnerista Enrique Thomas al presentar el proyecto ante el recinto.
Titular de la Comisión de Previsión, el diputado mendocino sostuvo que “el 89 por ciento de los aportantes se encuentra en el sistema de capitalización, de esos casi 12 millones que están en el sistema de capitalización la mitad no optó. Fue sorteado entre las AFJP y recién se enteró dónde estaba cuando le llegó una carta anunciándoselo”.
El texto, aprobado en el Senado hace 15 días por unanimidad, contempla que cada cinco años los aportantes puedan evaluar como les va en su sistema y elegir nuevamente entre las AFJP o el Estado.
La iniciativa contó con el respaldo de los distintos bloques de la oposición, que ponderaron el “espíritu” del proyecto pero realizarán algunos cuestionamientos puntuales, como el avance “en una reforma de fondo” y el establecimiento de “la movilidad jubilatoria”.
El radical Alejandro Nieva consideró que “esta ley está reparando un daño muy serio y avanza en un sentido positivo” y afirmó que “la ley previsional no ha respondido a las expectativas de los trabajadores, ya que existe una importante precariedad laboral y hay millones de trabajadores argentinos fuera del sistema laboral porque están en negro”.
Nieva, al igual que el macrista Federico Pinedo, recordaron que el actual secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, votó la cuestionada ley previsional cuando fue diputado por el peronismo durante el gobierno menemista.
El ex ministro de Trabajo y actual diputado por el Peronismo Federal, Alfredo Atanasof, respaldó el proyecto, al sostener que permite dejar atrás “la ola estadofóbica neoliberal de privatización del sistema que imperó en los 90”.
Al fundamentar su apoyo, dijo respetar “la libertad del trabajador que no quedará cautivo de un régimen y les da la posibilidad de volver a la solidaridad previsional”.
Atanasof destacó que “la recuperación de la crisis y el crecimiento actual, con aumento de empleo, de la recaudación previsional e impositiva, permiten el debate de estas normativas”.
Por su lado, la arista María América González arrancó un cerrado aplauso de las barras cuando dijo, al iniciar su discurso: “¿Las administradoras son solidarias, son gratuitas, cuanto nos cobran por administrar nuestro dinero? ¡Qué me vienen a hablar de movilidad! ¡Mi bloque va a votar por la libertad de decisión!”.
La frase era una respuesta para el lavagnista Jorge Sarghini y para el macrista Federico Pinedo. El primero había dicho que “sólo los pobres” pasarán al régimen de reparto, y el otro dijo que le preocupaba que “esta libre elección termine con el saqueo de los recursos de los jubilados para satisfacer deseos de los gobiernos”.
“La protección al trabajador se la da el Estado. Se la dará mal, a destiempo, pero ¿qué dan las administradoras más que dinero para ellas?”, disparó González y señaló que, tal como lo prevé la reforma, quienes no lleguen a determinado monto de dinero cuando tengan 50 años las mujeres y 55 los hombres pasarán en forma automática al Estado porque con ese monto no podrán tener una jubilación mínima.
El titular de la bancada del Justicialismo Nacional, Jorge Sarghini, había anticipado que acompañarían el proyecto pero, advirtió, que la norma “tiende a que los pobres pasen al sistema estatal y los ricos queden protegidos por el sistema de capitalizacion. Es una reforma que tiene una total regresividad a mediano plazo”.
En tanto, el diputado del PRO, Federico Pinedo, manifestó su preocupación por el “efecto de esta ley en las futuras jubilaciones” y pidió incorporar una claúsula “para garantizar la intangibilidad de los recursos de los argentinos que se jubilen”.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca invertir la presunción sobre los trabajadores que establecía que si no optaban por uno de los dos sistemas, al momento de iniciar su vida laboral, eran considerados dentro del régimen de capitalización.
Se establece que los trabajadores que ingresan al mercado laboral y luego de 90 días no optan por ninguno de los dos regimenes quedarán comprendidos en el sistema de reparto.
Hasta ahora, el sistema funciona al revés, ya que si el trabajador no ejerce su opción es enviado a una AFJP entre las que cobran las comisiones más bajas y ya no tiene posibilidad de volver al sistema de reparto.
A través de esta norma, se establece un tope a las comisiones que cobran las AFJP sobre el salario, que busca limitar los gastos de comercialización de las administradoras sobre el aporte del trabajador, a la vez que mejora su ahorro jubilatorio.
