El proceso de modificación de la Carta Magna provincial, que busca habilitar la reelección del gobernador radical está demorado por la Junta Electoral, que no entrega los diplomas a los convencionales electos.
La demora surgió a raíz de la presentación de un recurso judicial interpuesto por el oficialismo con la intención de quedarse con cuatro bancas que, hasta el momento, le corresponden a los partidos de la minoría.
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia todavía no resolvió ese recurso que el gobierno planteó el viernes pasado y por ello la Convención Constituyente no puede iniciar el debate por la reforma.
A su vez, la Junta Electoral no entregó los diplomas, paso que debía cumplimentarse este lunes, y para hacerlo deberá esperar una resolución definitiva al planteo del oficialismo, aseguraron las fuentes consultadas.
Representantes de siete listas que participaron en las últimas elecciones para convencionales constituyentes solicitaron al gobierno provincial que se inicien las sesiones de la Asamblea, que se encuentran suspendidas debido a una apelación presentada por el Frente de Todos para la Reforma.
De la reunión, en el Colegio de Abogados, participaron representantes del Frente Social para la Victoria (FSPV), de la Alianza Frente de Integración Nacional (AFIN), del Partido Liberal y Alternativa Republicana, de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, del Partido Nuevo y del Partido Conservador Popular.
En el encuentro se firmó un Acta de Declaración en la que se solicita al gobierno cese las medidas tendientes a impedir o dilatar la constitución y el funcionamiento de la Convención Constituyente, "tal como lo establece el Acta N¦ 26 de la Junta Electoral Permanente". Se solicita además "se garantice una real libertad de expresión frente a informes parciales del gobierno y que se investigue por qué arbitrariamente se sustituyó la información vertida en la página web del gobierno y con posterioridad se publicaron datos falsos en la página web del Senado".
La página oficial del gobierno provincial había emitido datos el domingo en la que se establecía que de acuerdo al resultado electoral, la Asamblea quedaba conformada con 22 convencionales del Frente de Todos, 9 del Frente Social, 4 de Alternativa Republicana y que el Partido Nuevo, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y la Alianza Frente de Integración Nacional se adjudicaban una banca cada uno.
Con el intento de asegurarse la mayoría de los votos en la Convención, el gobierno judicializó la distribución de las 39 bancas, argumentando que no se aplicó el piso mínimo del tres por ciento de los votos que, según el Código Electoral, cada partido debe obtener para acceder a un cargo.
En medio de una interna que gira en torno a la reelección, dirigentes y convencionales del PJ, que integran el Frente de Todos que encabezó el gobernador radical cuestionaron públicamente a sus socios del radicalismo por pretender quitarle las bancas a las minorías.
Si definitivamente Colombi pierde el apoyo del peronismo en la Convención quedaría sin poder aspirar a la reelección por única vez, ya que peligra la mayoría de los votos a su favor al tener sólo 22 convencionales cuando necesita 21 para imponer la reforma.
Justamente, los peronistas ahora disidentes que podrían votar en contra, o para que la reelección quede habilitada `para después del mandato de Colombi, son tres: Eduardo Galantini, Carlos Rubín y Miriam Coronel.