En su último mensaje ante la Asamblea Legislativa provincial, el gobernador trazó un balance de los 5 años de gestión al frente de la provincia en cuyo marco resaltó la baja del desempleo en el conurbano e insistió con la reforma de la Justicia penal.
“Cuando asumí el 3 de enero del 2002 dije que estábamos en una situación de emergencia nacional, donde la recaudación había caído el 23 por ciento y se había aprobado la emisión de 300 millones de patacones para hacer frente a los salarios de los estatales”, detalló el gobernador Felipe Solá al dar su discurso en la inauguración del 135 período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.
Sin embargo, Solá aseguró que hoy “la Argentina y la Provincia están bien y el superávit fiscal, la reestructuración de la deuda y el aumento del consumo permitieron afianzar la dinámica de crecimiento y expandir la confianza”.
Por otra parte, el mandatario provincial volvió a insistir por la reforma de la Justicia penal y deslizó la posibilidad de convocar a una consulta popular como elemento de presión.
“Si este gobernador llamara a una consulta popular sobre si la justicia penal debe ser reformada, la respuesta sería abrumadoramente a favor”, sostuvo Solá muy convencido. “El tiempo dirá si esta medida es o no necesaria -agregó-, pero yo creo que cuanto antes se decida habremos dado un gran paso para salir de un colapso que está afectando la seguridad de manera cotidiana”.
El Gobierno bonaerense viene impulsando una reforma judicial que incluye la eliminación del Tribunal de Casación y la transformación de los tribunales correccionales tripartitos en unipersonales, entre otros cambios, con el argumento de que la Justicia “es lenta” y que la mayoría de los detenidos pasan años en la cárcel sin condena.
El proyecto fue votado a fin de año en la Cámara de Diputados, pero desde entonces está trabado en el Senado donde el oficialista Frente para la Victoria no tiene mayoría para imponerlo frente a la resistencia del PJ, la UCR y algunos kirchneristas que objetan varios aspectos de la reforma, quienes esta semana presentaron un proyecto para crear una comisión que en 60 días debería dictaminar sobre la reforma.
Solá aprovechó el ámbito de la asamblea para cruzar esa idea, señalando que “algunos sostienen que esta reforma debió ser debatida largamente con todos los actores. Ese es el argumento de los que no quieren reforma: crear una comisión. Pero quienes así piensan, con todo su derecho, representan al pueblo de la Provincia, que no será invitado a ninguna comisión y que sabe que no tiene Justicia”.
Para presionar por su proyecto, Solá insistió en que “la Justicia penal debe ser más veloz”, e indicó que “hay muchas personas privadas de su libertad sometidas a procesos sin definición”.
Además, hizo un largo raconto de la situación en que encontró la Provincia cuando se hizo cargo del Ejecutivo en enero de 2002 y anunció una serie de emprendimientos en las diversas áreas de gobierno.
“Todos y cada uno de los tributos provinciales se multiplicaron por dos, las transferencias a los municipios fueron casi cuatro veces superiores al 2002 y las exportaciones alcanzaron la cifra récord de 18 mil millones de dólares durante el 2006”, graficó.
El gobernador detalló que en el 2002 “asumimos una provincia en cesación de pagos, con un déficit equivalente al 30 por ciento de sus erogaciones y los sueldos se pagaban atrasados, con quitas y en patacones y la inversión era nula”. Agregó que en el 2006, la provincia presentó un “déficit de menos del 4 por ciento de sus erogaciones y resolvimos los problemas, mejoramos los servicios, aumentamos la inversión y los salarios públicos, aún con la restricción que constituye la bajísima participación de la provincia en la distribución de la renta federal”.
“Entre el segundo trimestre del 2002 y el tercero del 2006 se generaron más de dos millones de puestos de trabajo y la desocupación en ese período bajo un 53 por ciento, de lo cual la provincia aportó más de la mitad de esa mejora”, detalló.
Solá enumeró luego las inversiones y los distintos programas que desarrollará en las diferentes áreas de gobierno, entre las que destacó las inversiones en obras “por casi 2000 millones de pesos para este año”.
También citó al desaparecido Jorge Julio López, el testigo del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz que permanece desaparecido desde el pasado 18 de septiembre. Dijo al respecto que “el gobierno nacional y el provincial saben muy bien que hay que hacer justicia para que un país pueda nombrar la palabra justicia sin avergonzarse y el caso López nos demuestra que todavía hay sectores que desean la impunidad. Esa es la condición para la farsa de armisticio que proponen, la idea de que alguien no esté ni vivo ni muerto sino desaparecido, es una idea siniestra del dictador Videla”.
El gobernador dedicó parte de su discurso al área educativa, hoy en conflicto por el paro de los maestros, donde detalló que la inversión total prevista para este año “supera los 10 mil millones de pesos”. Adelantó que el objetivo de la provincia es garantizar la obligatoriedad de la escolaridad desde los 4 años y resaltó que Buenos Aires “fue pionera en implementar la nueva escuela secundaria como lo establece la Ley Federal de Educación”.
Respecto a la Seguridad, otro tema álgido en la provincia, resaltó la participación de la comunidad a través de los Foros Vecinales y la elaboración de los mapas de prevención comunitaria “que contribuyen a blanquear la cifra negra del delito”. Además dijo que quienes quieran hacer la inseguridad el eje de debate de las próximas elecciones “los esperamos con los brazos abiertos”, aunque les advirtió que “van a perder las elecciones”.
Sobre los rellenos sanitarios, que es otro de los problemas que debe sobrellevar, ratificó que cerrará los que funcionan en Ensenada y González Catán, donde se reciben residuos de distritos del conurbano y la Capital Federal.
Sostuvo además que se va a “seguir trabajando para encontrar consensos con responsabilidad y sin conflicto social”. De esta manera, el mandatario dio a entender que no se avanzará con la radicación del polo ambiental en Brandsen.
El gobernador bonaerense se refirió a la responsabilidad de los municipios en este tema y recordó que la ley “da libertad a los municipios para decidir si se quedan o se van del CEAMSE”. Con esa frase, el mandatario le apuntó a los intendentes del Conurbano que hasta el momento se muestran refractarios a participar de la solución del conflicto por la basura.
