El gobernador riojano rechazó su suspensión y se agravó la crisis provincial.
El gobernador Angel Maza advirtió que continúa ejerciendo todas las facultades y atribuciones inherentes a su cargo.
Lo hizo a través de un decreto firmado en acuerdo de ministros. El mismo fue dado a conocer hace instantes por el gobierno provincial.
En su primer artículo dice: “Recházase la decisión de suspender al señor Gobernador de la Provincia, adoptada en el día de la fecha por la Legislatura Provincial, a través de la Sala Acusadora de Juicio Político”.
En su segundo artículo, comunica “al Gobierno Nacional y a los distintos Gobiernos Provinciales que la titularidad del Gobierno de la Provincia de La Rioja continúa siendo ejercido por el Dr. Angel Eduardo Maza, con todas las facultades y atribuciones inherentes al cargo.”
En los considerandos, el gobierno entiende que la sanción legislativa “fue adoptada en el marco de una grave crisis institucional” y advierte la existencia de “un conflicto de poderes”.
Para el gobierno, “el procedimiento de Juicio Político iniciado por la Legislatura Provincial, no garantiza de ninguna manera la existencia de uno de los principales recaudos de cualquier proceso de juzgamiento, cual es la imparcialidad del órgano actuante”.
“La manifiesta enemistad demostrada por los Diputados Provinciales, respecto de la figura del gobernador de la Provincia, priva a la decisión adoptada de las garantías constitucionales del debido proceso, afectando el legítimo derecho de defensa y a un juicio justo”, enfatiza el decreto oficial.
Considera además que “se han violado aspecto formales del proceso de Juicio Político, por cuanto la Sala Acusadora ha sido alterada en su conformación original, de tal manera que no se cumple con el mandato de la Ley 8.132, en cuanto prescribe que la integración de las distintas salas de Juicio Político, serán las mismas que aquellas que iniciaron el proceso”. Se agrega que “la suspensión del Gobernador de la Provincia ha sido tomada desconociendo el mandato expreso conferido a sus Diputados, por los Partidos Políticos al cual pertenecen las bancas que hoy detentan, violándose de esta manera los derechos políticos que le corresponden a los ciudadanos y que son ejercidos a través de los partidos políticos que los representan”.
