El Gobierno exigirá a las empresas que contraten un seguro ambiental para actividades riesgosas, con el fin de minimizar su impacto sobre los recursos naturales.

Así lo anunciaron la ministra de Economía, Felisa Miceli, y la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, quienes ofrecieron una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para referirse a la puesta en marcha de la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales, que integrarán representantes de las secretarías de Finanzas y de Medio Ambiente.

De acuerdo con una resolución conjunta de ambas secretarías, dicha comisión tendrá como objetivo analizar y formular “normas generales reguladoras de las condiciones contractuales de las pólizas de seguro de riesgo por daño ambiental”. Además, deberá fijar los “requisitos mínimos necesarios y la instrumentación de su acreditación para la admisibilidad de los autoseguros”.

La comisión asesorará a la autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente, aprobada por el Congreso bajo el número 25.675, y tendrá un plazo de 90 días para la elaboración de las propuestas que permitan definir las características del seguro de riesgo ambiental.

La ley establecerá que “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, deberá contratar un seguro de cobertura para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”.

La ministra Miceli aclaró que la Comisión evaluará el impacto que esta medida tendrá en los costos empresarios, y garantizó que si el valor del contrato del seguro “es elevado, podríamos otorgar una financiación especial” a las compañías que deban comprar las pólizas.