El nuevo gravamen está contenido en la ley que sancionó este miércoles la Cámara de Diputados bonaerense y que comenzará a cobrarse en el segundo semestre del año al contado o en hasta seis cuotas, según lo determine la Dirección Provincial de Rentas.

La norma permitirá ejercer una mayor presión tributaria sobre aquellos contribuyentes de la provincia de Buenos Aires que cuenten con patrimonios superiores a los 500 mil pesos.

Con los votos del oficialista Frente para la Victoria y el rechazo del PJ, la UCR el ARI y el PRO, la iniciativa permitirá al gobernador Felipe Solá cobrar un adicional en los impuestos Inmobiliario Urbano y Patentes para los contribuyentes de la Provincia que superen los 500 mil pesos de patrimonio.

La aprobación de la iniciativa se consiguió al cabo de un largo proceso que se inició hace tres meses y luego de arduas negociaciones desarrolladas en las últimas semanas entre los legisladores del FpV, el PJ y emisarios de la Casa Rosada, ya que el gobierno nacional se opuso al proyecto original que establecía la creación del “impuesto provincial a la riqueza”. Esa alternativa estaba prevista en el texto que el Ejecutivo bonaerense envió el año pasado a Diputados, en la que se disponía que el impuesto a la riqueza comenzaría a cobrarse en 2010 -una vez que la Nación dejara de percibir Bienes Personales- y mientras tanto la Provincia cobraría una sobrealícuota en los impuestos Inmobiliario y Patentes para los contribuyentes con patrimonios superiores a 500 mil pesos.

Los diputados aprobaron en diciembre aquel proyecto aunque con modificaciones, ya que elevaron de 500 a 700 mil pesos el piso patrimonial a partir del cual se cobrarían el impuesto a la riqueza y las sobrealícuotas. Pero la iniciativa, sin embargo, no pasó el filtro del Senado.

En la Cámara alta se combinaron para esto distintos factores. Por un lado, el rechazo de algunos legisladores, tanto de la oposición como del propio oficialismo, que planteaban que la creación del impuesto provincial a la riqueza era inconstitucional porque se trataba de una “doble imposición” ya que actualmente la Nación percibe “Bienes Personales”, que también grava el patrimonio de los contribuyentes. Pero, además, existía el rechazo de la Casa Rosada a una movida que, en la práctica, encerraba el planteo de que la Nación está percibiendo un impuesto (“a la riqueza”) que deberían cobrar las provincias.

En ese marco, tras el receso de verano los senadores del FpV y del PJ iniciaron negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo que, finalmente, quedó plasmado la semana pasada con la aprobación del proyecto.

La iniciativa se transformó en ley en Diputados pero, curiosamente, con el voto negativo del justicialismo. Esta nueva versión del proyecto elimina directamente la creación del impuesto a la riqueza y mantiene el cobro de las sobrealícuotas.

De este modo, los contribuyentes cuyo patrimonio global sea de entre 500 y 700 mil pesos, deberán pagar una sobrealícuota de 0,25 por ciento; los que tengan entre 700 mil y 1,2 millones de pesos, el 0,50; y los que reúnan bienes por encima de 1,2 millones de pesos tendrán que pagar el 0,75 por ciento; adicionales que en todos los casos se aplicarán sobre el Inmobiliario y Patentes.

Para fijar el patrimonio de los contribuyentes no sólo se tomarán en cuenta los bienes que posean en el territorio bonaerense sino también los que tengan radicados en otros puntos del país o del exterior y hasta los depósitos bancarios.

Sin embargo, en los casos en que el contribuyente supere los 500 mil pesos de patrimonio, el adicional se calculará sólo sobre los bienes radicados en la Provincia de Buenos Aires.

Según estimaciones de la cartera de Economía provincial, la alícuota adicional alcanzará a unos 100 mil propietarios de inmuebles y 20 mil titulares de automotores, contribuyentes considerados como los de mayor poder adquisitivo.