En los últimos años en la Argentina se dieron diferentes noticias que reflejaron ataques a la libertad de expresión de nuestros periodistas. Todas tuvieron la misma respuesta por parte del máximo encargado por garantizar este derecho de los denominados de tercera generación. Por lo menos así los definía el actual Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en su cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Pero ahora es distinto, a nadie le importa lo que digan los manuales y tratados internacionales porque como dice el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, resultan “ser agoreros que quieren perjudicar al gobierno”.

Después de años, sin importar la opinión de la gente, levantaron los programas de Víctor Hugo Morales y Pepe Eliaschev de Radio Nacional. No fue nadie o nadie dio la orden. Jorge Lanata no tiene aire televisivo y tampoco fue nadie. Es más el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dice que le ofreció la pantalla de Canal 7 para que diga lo que piensa en los medios, como les gusta decir, del Gobierno y no del Estado. Esos mismos medios de gobierno que la semana pasada en Santa Cruz levantaron un programa infantil luego de 14 años frente al micrófono de LU14, Radio Provincia, porque su conductora imploró (y es literal) porque se escuchara el reclamo docente que, solo en Río Gallegos, concentró a 2000 personas. En este caso tampoco nadie dice o quiere decir quien es el responsable.

Ayer, el sitio La Política Online fue hackeado. Antes de que cayera, publicó una nota sobre una interna entre el Presidente y su ninistro del Interior, Aníbal Fernández, tras el nombramiento de un comandante de Gendarmería. Un cartel rojo reemplazaba los contenidos de la página, en el que se amenazaba con frases del tipo “Por el bien del periodismo independiente, dejate de joder”. Mensajes similares reciben diariamente mis colaboradores cuando envían algún mail con una noticia critica. Seguramente tampoco fue nadie.

Ahora :¿No resulta extraño que estos hechos les ocurran a quienes leen, envían, o emiten opiniones contrarias a la precaria política de comunicación del gobierno?; ¿Esto ocurrió siempre en la argentina o principalmente en las épocas denominadas de “persecución política y ciudadana”?

Tampoco nadie quiere explicar porque a medios con bajísima participación en el mercado y sin fines comunitarios se les otorga altísimas sumas de dinero de publicidad estatal y a otros con mayor tirada, como el diario Perfil y sus revistas, no. En realidad la explicación la encontramos en el histórico y peligroso concepto, al que este gobierno adhiere, sobre la publicidad. Por ejemplo, el Jefe de Gabinete considera que la publicidad es del gobierno y no del Estado (es decir de todos nosotros), y por eso dice que “Nadie le puede obligar al gobierno en donde hacer publicidad”. Es claro pero sería interesante que el Estado, (o sea todos nosotros), únicos dueños del presupuesto nacional, pudiéramos aunque sea opinar sobre una parte de los 150 millones que se reparten. Es decir, entender el criterio de asignación publicitaria que se está manejando en la política comunicacional del gobierno. Claro que para esto primero deberíamos tener una política de comunicación que incluyera conferencias de prensa, pluralidad informativa, voceros del gobierno que cumplan su rol y las promesas iniciales olvidadas como la Ley de Radiodifusión.

Para entender alguien tiene que dar explicaciones pero nadie esta dispuesto a otorgarlas. A esta altura no vaya a ser que, como se sospecha de los fondos de mi provincia, no las tengan.

El autor es diputado nacional por el Partido Justicialista y candidato a gobernador por la provincia de Santa Cruz por el partido Unidos por Santa Cruz.