La diputada Mirta Pérez presentó una iniciativa por la cual pretende prohibir la utilización de teléfonos celulares en todas las unidades carcelarias del país y establece para el uso de los demás teléfonos –ya sean públicos o de línea– que los mismos permitan a los receptores la identificación de la procedencia de las llamadas, como así también la grabación de las mismas para su eventual control.

Este proyecto pretende controlar ciertas operatorias que se realizan de las unidades penitenciarias por parte de los procesados o condenados, con el objeto de intimidar y amenazar a personas de bien, terminando muchas veces en los llamados secuestros virtuales.