Tras la sanción de la ley que implementó el impuestazo en la provincia de Buenos Aires, comenzaron a surgir dudas acerca de la viabilidad de esa norma, sobre todo desde el punto de vista constitucional.

Por lo pronto, algunos técnicos del Palacio de Hacienda aseguran que la ley sancionada en la Provincia, que aplica un adicional sobre los impuestos inmobiliario y automotores con patrimonios superiores a los 500 mil pesos, posee “una zona gris, donde se puede incluso interpretar como una doble imposición, lo cual es inconstitucional”.

En forma paralela, comenzaron a surgir críticas entre distintos legisladores, quienes plantearon que la creación del impuesto es inconstitucional porque se trata de una “doble imposición” ya que actualmente la Nación percibe “Bienes Personales”, que también grava el patrimonio de los contribuyentes.

Parlamentario consultó a legisladores nacionales por la implicancia de esta norma a nivel federal. El presidente de la Comisión de Finanzas, Aníbal Stella, del bloque Peronista Federal, dijo estar “convencido de que el impuesto no está bien definido, porque grava inmuebles fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, cuando la provincia ya tiene atribuciones para gravar bienes territoriales”.
Respecto de cuáles pueden ser las consecuencias de la norma sancionada para las finanzas de la Provincia, Stella sostuvo que “no es incidente, porque no resuelve el problema institucional de fondo”. El diputado aseguró además que “es un impuesto contrario a la Constitución y desde lo político aporta incertidumbre y no tiene sustento jurídico”. Por otra parte el legislador especialista en finanzas, opinó que “el aumento salarial para los docentes tiene que estar financiado por impuestos que no trasgredan la seguridad jurídica”.

Por su parte, la diputada nacional por Buenos Aires Marina Cassese, aseguró que “la nueva norma es claramente inconstitucional”, al tiempo que disparó que “la provincia de Buenos Aires antes de seguir molestando a sus sufridos contribuyentes, debiera exigirle al presidente Kirchner que le devuelva los fondos bonaerenses de los que se apropió la Nación”.

Cassese integra la Comisión de Finanzas de la Cámara baja junto a Jorge Sarghini, diputado y candidato a gobernador del espacio lavagnista en la Provincia, con quienes “están trabajando en el tema”, según informó la diputada.

Con relación al temor de que el impuesto sea usado para “cubrir el bache” del aumento docente, Casesse señaló que “el reclamo de los docentes es legítimo, al igual que el de todos los empleados de la administración pública, pero no hay impuestazo que alcance si la Provincia no recupera su dignidad fiscal”.

En tanto, desde el kirchnerismo prefirieron defender la medida en silencio. Recordemos que la iniciativa se aprobó al principio de la semana pasada, luego de un largo proceso que se inició hace tres meses y luego de arduas negociaciones desarrolladas en las últimas semanas entre los legisladores del FpV, el PJ y emisarios de la Casa Rosada, ya que el Gobierno nacional se opuso al proyecto original que establecía la creación del “impuesto provincial a la riqueza”.

Esa alternativa estaba prevista en el texto que el Ejecutivo bonaerense envió el año pasado a Diputados, en la que se disponía que el impuesto a la riqueza comenzaría a cobrarse en 2010 -una vez que la Nación dejara de percibir Bienes Personales- y mientras tanto la Provincia cobraría una sobrealícuota en los impuestos Inmobiliario y Patentes para los contribuyentes con patrimonios superiores a 500 mil pesos.

Los diputados aprobaron en diciembre aquel proyecto aunque con modificaciones, ya que elevaron de 500 a 700 mil pesos el piso patrimonial a partir del cual se cobrarían el impuesto a la riqueza y las sobrealícuotas. Pero la iniciativa, sin embargo, no pasó el filtro del Senado. Tras el receso de verano los senadores del FpV y del PJ iniciaron negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo que, finalmente, quedó plasmado la semana pasada con la aprobación del proyecto.

A principios de la semana pasada, la iniciativa se transformó en ley en Diputados pero, curiosamente, con el voto negativo del justicialismo (ver nota aparte). Esta nueva versión del proyecto elimina directamente la creación del impuesto a la riqueza y mantiene el cobro de las sobrealícuotas. De este modo, los contribuyentes cuyo patrimonio global sea de entre 500 y 700 mil pesos, deberán pagar una sobrealícuota de 0,25 por ciento; los que tengan entre 700 mil y 1,2 millones de pesos, el 0,50; y los que reúnan bienes por encima de 1,2 millones de pesos tendrán que pagar el 0,75 por ciento; adicionales que en todos los casos se aplicarán sobre el Inmobiliario y Patentes.

Según estimaciones oficiales, este adicional alcanzaría a unos 100 mil propietarios de inmuebles y a cerca de 20 mil titulares de automóviles. Y por esta vía el gobierno provincial espera recaudar unos 300 millones de pesos más durante este año. El adicional de los impuestos Inmobiliario y Patentes para los contribuyentes bonaerenses con patrimonios superiores a los 500 mil pesos se aplicar durante el segundo semestre de este año, pero aún no está definido si será en un solo pago o se establecerán cuotas.