El proyecto declara de interés nacional y le asigna “carácter prioritario” a la “prevención de la transmisión vertical o por transfusión de sangre o transplante de la enfermedad de Chagas”. Además, obliga la realización de pruebas diagnósticas en toda mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos de madres infectadas hasta el primer año de vida y en el resto de los hijos, menores de catorce años de las mismas madres y, en general, y niños y niñas al cumplir los seis y doce años.

También hace obligatorios los controles en donantes y receptores de órganos, tejidos y de sangre.

El proyecto establece que “en ningún caso los resultados de los exámenes podrán constituir un elemento restrictivo para el ingreso a los establecimientos educativos y el curso de los estudios”. Su detección sólo podrá ser considerada a los fines preventivos y de tratamiento.

Asimismo, la norma prohíbe “realizar reacciones serológicas para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad”. En caso contrario, se considerará un acto discriminatorio previsto en la legislación argentina.

Esta iniciativa obliga a los “establecimientos sanitarios oficiales” a “practicar sin cargo alguno los exámenes” de detección, así como el tratamiento antiparasitario específico.

Finalmente, este proyecto que cuenta con media sanción de Diputados, deberá volver a ser analizado por la Cámara alta.