En relación con el proyecto de ley para la emisión de bonos que buscaban, entre otros, hacer frente a pagos al Grupo Greco, el titular del Comité Nacional de la UCR Gerardo Morales y el presidente del bloque de senadores radicales Ernesto Sanz, presentaron una acción de amparo por mora en virtud de que el Ministerio de Economía no respondió lo solicitado oportunamente, incumpliendo el decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública.

Si bien la ministro de Economía Felisa Miceli remitió una respuesta, ésta fue recibida por los senadores fuera del término legal y además la misma es “parcial, insuficiente y no responde lo sustancial como indica la norma”, aseguraron los legisladores, quienes indican que el decreto 1172 afirma que el Poder Ejecutivo debe informar “debidamente”.

“Corresponde al juez en lo contencioso administrativo ordenar que el Ministerio responda las preguntas efectuadas a los fines dar cumplimiento al derecho de acceso a la información, lo cual ha resultado ser una obligación incumplida por Miceli, quien reiteradamente ha entorpecido la búsqueda de información necesaria para analizar y eventualmente aprobar el proyecto de ley”, explicó Morales.

Por su parte, Sanz consideró que “Miceli se abstiene de informar lo solicitado sobre la ampliación en la suma de 1.300 millones de pesos del importe máximo de colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales para la cancelación de diversos pasivos originados en el ejercicio 2006, ya que el Ministerio de Economía tiene la obligación de suministrar dicha información a mis mandantes”.

Además, los senadores radicales deben avanzar en la presentación de una acción de amparo ante la Justicia por las irregularidades que se han manifestado con posterioridad y que impidieron la sanción de la ley requerida por el Poder Ejecutivo han derivado en acciones, como resoluciones de Economía que ordenan, por un lado, una investigación integral y pormenorizada en el ámbito del Ministerio, mediante sumario administrativo, a fin de deslindar responsabilidades en el caso del “Grupo Greco”.

Por otro lado, una resolución por la cual se dispone la revocación de todos y cada uno de los actos administrativos que dieron origen a las presentaciones judiciales realizadas por la representación del Estado Nacional en los autos “Greco”.

El radical Morales, junto a Sanz, el pasado 29 de enero, solicitaron a la ministra de Economía, entre otras cosas, las siguientes cuestiones:

¿Cómo se determinó en definitiva el monto indicado como obligación a cancelar al Grupo Greco? ¿Existen informes por escritos que avalen tal determinación?
¿Intervino en el proceso de determinación y requerimiento de cancelación del crédito la Oficina Nacional de Crédito Público?

¿Cuál fue el grado de participación y, eventualmente de control del proceso Judicial, de la Procuración del Tesoro de la Nación? ¿Intervinieron la Unidad de Auditoría Interna (UAI) y la SIGEN en el trámite de consolidación de la Deuda? ¿Hubo alguna objeción respecto del procedimiento de determinación del monto que en definitiva se remite para cancelación?

¿Existe algún informe o participación de los funcionarios del Ministerio a su cargo respecto de la negativa de la SIGEN informada al Juzgado a fs.1108 del expediente en cuanto a que no se presentaba dicho organismo de control interno a audiencia por cuanto luego intervendría conforme el Decreto 2140/92, art. 32 inc. m)? ¿Se produjo luego la intervención aludida en la precidata normativa?

¿Qué funcionario -o funcionarios- realiza la solicitud del monto a incluir en el pedido realizado mediante proyecto de Ley ante el Congreso de la Nación?

¿Por qué el Ministerio de Economía y Producción, a su cargo, no actuó de la misma manera en que lo hicieron las anteriores autoridades del mismo ministerio en el caso Meller que fuera una de las causales de juicio
político al Dr. Moline O Connor, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de las intimaciones realizadas por la Justicia con amenazas de sanción que iban desde aplicación de astreintes hasta arresto?

¿Existen informes respecto de la determinación del monto y la consistencia de la deuda con el Grupo Greco y las obligaciones de dicho Grupo con el Estado por parte del Servicio Jurídico del Ministerio a su cargo? ¿Existe alguna instrucción de parte del mismo al respecto, en particular de parte de la Dirección o Subdirección de Jurídicos?

¿Existe alguna opinión, intervención o informe técnico por escrito realizado por usted misma solicitando la cancelación de la deuda con el Grupo Greco o advertencia alguna al señor Presidente de la Nación o al señor Jefe de Gabinete de Ministros para no cancelar las mismas e investigar la situación? En su caso indique número de expediente, actuación y fechas. Remita copia de los antecedentes correspondientes.

Remitir copia del tramite de investigación interna requerido en el pedido de informes punto 13, dirigido a la Lic. Miceli, ya que se ha dejado constancia de su existencia, y el pedido original solicita se remita copias del expediente de existir el mismo.

Solicitamos copia de las actuaciones realizadas por el grupo técnico y, en particular, las referidas al sistema de cálculos efectuados para determinar el valor del “vino”.

Solicitamos copia del informe técnico de las tasaciones de los inmuebles realizadas y los nombres de los funcionarios peticionantes de las mismas.