La búsqueda de un tratado internacional en la materia fue abordada en el marco de un encuentro en la Cámara alta.
Se desarrolló en el Senado de la Nación una Conferencia sobre el Comercio Internacional de Armas organizada por la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación, el Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, Amnistía Internacional y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
En el encuentro, destacados expertos se refirieron acerca de la conveniencia de avanzar en la adopción de un Tratado Internacional para regular el comercio de armas. Entre los invitados, estuvo el director del Registro Nacional de Armas, Andrés Meiszner, y entre los expositores, Efraim Gómez, del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras; Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica; Gabriela Boada, Responsable de Coordinación de Áreas y Campañas de la Sección Argentina de Amnistía Internacional; y Carola Cóncaro del INECIP.
La senadora Escudero explicó que “si bien en la Argentina se ha avanzado bastante en materia legislativa en cuanto al control de la circulación de armas y municiones, aún resta regular en el derecho internacional la responsabilidad de los Estados en materia de importación, exportación y transferencias de armas, para que éstas no sean desviadas para la comisión de ilícitos”.
“Si queremos consolidar la paz y seguridad mundiales, es preciso contener la proliferación de armas, que son precisamente instrumentos que potencian la violencia” -agregó. “El 11 de septiembre de 2001 nos hizo tomar conciencia de que nuestras acciones pueden repercutir en lugares remotos del planeta y por ello la importancia de avanzar con la adopción de este Tratado para regular la circulación de armas en el mundo”, advirtió Escudero.
“América Latina es una de las regiones del mundo más violentas” -comenzó diciendo la costaricense Ana Espinoza. Se trata de un mercado que mueve 40 mil millones de dólares por año en todo el mundo detalló la experta, y “la mayoría de los receptores son países en vías de desarrollo”. Sobre las razones para avanzar con un Tratado Internacional destacó la necesidad de “establecer regulaciones de carácter internacional que obliguen a los Estados a actuar responsablemente en el comercio de armas”.
Por su parte, Efraím Gómez, del Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y Ligeras, sostuvo que ninguno de los instrumentos internacionales vigentes aborda un concepto integral sobre transferencia de armas. No obstante, aclaró que la razón más importante es que “apunta a salvar vidas”.
La representante de Amnistía Internacional, Gabriela Boada, fue quien habló sobre estadísticas. En total, “circulan más de 600 millones de armas en el mundo, lo que equivale a un arma cada diez habitantes”. En tanto que, por año se fabrican ocho millones.
Finalmente, el director del RENAR, Andrés Meiszner, reconoció que la ley de Armas y Explosivos vigente en nuestro país necesita modernizarse. Cabe aclarar, que desde hace tiempo, la Comisión de Seguridad del Senado -que preside Sonia Escudero- tiene en estudio una reforma integral de la legislación sobre armas.
En octubre del año pasado, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó una Resolución, lo que constituyó el primer paso hacia la adopción de un Tratado Internacional vinculante que regule las transferencias de armas. El mencionado documento fue impulsado por la República Argentina (junto con Finlandia, Reino Unido, Australia, Japón, Costa Rica y Kenya) y contó con el apoyo de 139 países y un solo voto en contra (EEUU).
La resolución constituye un reconocimiento de que el control de armamentos, el desarme y la no proliferación son fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, se concluye que la ausencia de normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales es un factor que contribuye a los conflictos, el desplazamiento de personas, el delito y el terrorismo y por ende socava la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible, a través de la mencionada resolución se decide recabar la opinión de los Estados miembros sobre la viabilidad de elaborar un tratado internacional en esta materia. A tales efectos, se solicita la creación de un grupo de expertos gubernamentales cuya labor comenzaría en 2008.
El proceso, encuentra su origen en una iniciativa de un grupo de premios Nobel -entre ellos Adolfo Pérez Esquivel-, que fueron convocados por el ex presidente de Costa Rica César Arias.
