Esta ley permite a las instituciones escolares obtener financiamiento directo por parte de las empresas de su región para la actualización y desarrollo de la enseñanza de oficios y habilidades productivas.

La normativa propone que las empresas y las personas físicas puedan donar hasta el 5 % de lo que les correspondería pagar por Ingresos Brutos a las Instituciones Educativas para los siguientes fines: Apoyar el desarrollo de proyectos educativos en escuelas técnicas, agrotécnicas y de artes y oficios que promuevan la investigación y/o el mejoramiento de actividades productivas; aportar al mantenimiento de las instalaciones de los talleres, laboratorios y de la maquinaria utilizada para la capacitación de los estudiantes de las instituciones escolares de la Provincia de Buenos Aires; aportar al mantenimiento de las maquinarias e instalaciones utilizadas en escuelas de educación agrotécnica para la capacitación de los estudiantes; colaborar en el perfeccionamiento y modernización de la infraestructura de las instituciones educativas afectadas a la enseñanza de artes y oficios a los estudiantes. Estos fondos se canalizarán a través de las Asociaciones Cooperadoras Escolares respectivas.

Además se crea el Registro Provincial de Proyectos Educativos donde las instituciones escolares inscribirán todos sus proyectos o actividades educativas o formativas para los cuales quieran recibir donaciones y de dicho registro los que deseen realizar donaciones podrán elegir los proyectos a fomentar. El cien por ciento de lo donado será considerado pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos y de ser utilizada la donación como medio de promoción solo será tomado el 70 % como pago a cuenta del impuesto.

Una vez finalizado el proyecto objeto de patrocinio, y dentro del plazo que establezca la reglamentación, los beneficiarios deberán elevar a la Autoridad de Aplicación, un informe de rendición de cuentas sobre la ejecución del proyecto y de la inversión realizada, los logros obtenidos y los estudiantes beneficiados. Los datos aportados pasarán a constituir el banco de datos de prácticas educativas productivas de libre acceso para todas las entidades educativas de la provincia a fin de que estas puedan repetir la experiencia localmente.

Los montos aportados por los mecenas se harán efectivos a través de una cuenta bancaria creada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre de los beneficiarios, la cual tendrá las mismas condiciones que la cuenta “sueldo”, no generando gastos de ninguna índole para los beneficiarios; de existir algún gasto relacionado con la cuenta el mecenas deberá hacerse cargo del pago del mismo.

Se crea, también, el Consejo Provincial Asesor del Régimen Provincial de Fomento del Mecenazgo para la Educación que entre sus miembros deberá contar con un representante de la Dirección General de Escuelas y un representante de las Cámaras industriales y agrarias de la Provincia de Buenos Aires, que deberá expedirse sobre el interés público de los proyectos presentados para ser incluidos en el Registro Provincial y se invita a los municipios a adherir a la ley creando un Consejo Asesor Local que reemplazará al Consejo Provincial en el ámbito distrital a los fines de determinar el interés público local de los proyectos.

Es una realidad que, producto de un paradigma centrado en los servicios y no en la producción, durante años se abandonó el fomento de la educación técnica y es producto de ello que hoy la Industria en pleno proceso de reactivación se encuentra con que no puede cubrir los puestos que requieren mano de obra con capacitación especifica en oficios productivos. También observamos que las escuelas técnicas muchas veces necesitan de inversión permanente en insumos y tecnología para su aplicación didáctica a fin de brindar una correcta formación de los educandos con el objetivo de incorporar conocimiento práctico adecuado. En este contexto las asociaciones cooperadoras escolares intentan acompañar el esfuerzo presupuestario del Estado Provincial pero muchas veces se les hace muy difícil reunir los montos necesarios para comprar los insumos, herramientas e incorporar tecnología moderna y actualizada que complemente el aporte estatal.

Si consideramos que quizás un monto dinerario que para una cooperadora podría ser de difícil acceso para una empresa no lo es y si ésta última entiende la donación del mismo como una inversión en capacitación de mano de obra local que potencialmente abaratará sus costos a futuro, vemos que solo falta establecer una normativa que enmarque los procedimientos necesarios para fomentar esta colaboración publico-privada.

Se pueden generar las herramientas que faciliten y fomenten un cambio cultural por medio del cual la actividad privada productiva vea a la educación como un eslabón muy importante de su estructura a futuro con lo cual se podrían alcanzar dos objetivos muy importantes por un lado un fomento directo de la educación y por el otro una visualización directa por parte de los contribuyentes del destino de sus impuestos.

Esta iniciativa tiene, entonces, múltiples características positivas, apunta a hacer mas eficiente la inversión en educación, a relacionar directamente las entidades productivas privadas con las entidades educativas, a mejorar la cultura de pago de impuestos permitiendo un control mas directo de la aplicación de los impuestos por parte de los contribuyentes, permitir que las escuelas a través de sus asociaciones cooperadoras se autogestionen los fondos necesarios para su desarrollo estableciendo nexos invalorables con las empresas de su comunidad y paralelamente fomentando la participación de la comunidad educativa en el futuro de la sociedad.