El Gran Hermano carcelario

Un hombre falleció producto de un falso secuestro virtual realizado desde una penitenciaría. La Comisión de Legislación Penal discute un proyecto de Mirta Pérez para grabar las comunicaciones de los presos.

La semana pasada se conoció una noticia que no hizo otra cosa que poner en primera plana de los diarios una realidad que es un secreto a voces: una modalidad delictiva que creció desde 2003 para acá. Se trata de los denominados “secuestros virtuales”, que la semana pasada tuvieron su primera víctima mortal.

Se hacen desde las cárceles, desde donde los presos llaman a cualquier persona mediante el uso de la guía telefónica y le dicen que tienen secuestrado a un familiar. Producto de la desesperación, quien recibe el llamado cae en la trampa y entrega lo que el supuesto secuestrador pide: desde tarjetas telefónicas, muy valiosas en la cárcel, hasta dinero en efectivo.

La semana pasada un hombre de 71 murió de un paro cardiorrespiratorio en Quilmes, tras recibir una llamada, al parecer proveniente de una unidad carcelaria, en la que le exigían unos 5.000 pesos para liberar a su hijo, presuntamente víctima de un secuestro.
Casi como una anticipación de que esto terminaría en tragedia, la diputada del Peronismo Federal Mirta Pérez presentó en los primeros días de marzo un proyecto de ley para tomar dos medidas que permitan terminar con esta modalidad delictiva. Se trata de un proyecto polémico, dado que afecta ciertos derechos de las personas que están privadas de su libertad.

El proyecto de ley, en primer lugar, prohíbe la utilización de teléfonos celulares en todas las unidades carcelarias del país. Esto ya está regulado así en la mayoría de las provincias, por lo cual la aprobación de esta propuesta sólo unificaría un criterio común.
En segundo término, la iniciativa pide que siempre que se haga un llamado desde alguna cárcel -tanto teléfonos públicos como de línea- un disquito advierta sobre la procedencia de la llamada. Es decir, que se acaba de efectuar un llamado desde una prisión. Tampoco esto generaría demasiadas críticas.

El problema es el tercer punto, donde la legisladora bonaerense pide que se graben todas las conversaciones telefónicas de los presidiarios.

La polémica tiene que ver justamente con el derecho de privacidad de los presos. De hecho, días atrás el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, reconoció que no existen mecanismos eficaces para detectar y controlar el fenómeno, pero advirtió: “No podemos grabar las conversaciones porque eso traería aparejados problemas judiciales por la violación de la privacidad de los internos”.

Mirta Pérez, sin embargo, desmiente este argumento: “Cuando un derecho se convierte en un delito, se acabó el derecho. Porque la gente que está en su casa también tiene derecho a que no se le cometa un delito”.

– ¿Pero no tienen derecho los presos a comunicarse con su familia sin que se los escuche?, preguntó Parlamentario a la legisladora.

– Cuando llamamos a las empresas de servicios públicos muchas veces nos dicen que la llamada está siendo grabada y yo no me ofendo. Si ellos hablan con su familia para decirle que la quieren, no se van a ofender. Se va a ofender el que esté hablando con su bandita para robar.

La propuesta ingresó sólo a una comisión: esto podría ser leído como un mensaje de buena voluntad por parte del oficialismo. Cabe recordar que cuando un proyecto quiere ser demorado se lo envía a varias.

El proyecto deberá ser analizado por la Comisión de Legislación Penal, presidida por Rosario Romero y de la cual Pérez es su vicepresidenta. Sin embargo, hasta ahora no emitió respuesta, dado que no se reunió desde el comienzo del año legislativo.

El órgano de aplicación es el Servicio Penitenciario, que deberá establecer convenios con las telefónicas o implementar alguna onda que corte los celulares en esa zona o controles muy rígidos para que no pueda pasar un celular dentro de la cárcel, según expresa Pérez en los fundamentos.

“Esto es preventivo, porque en general la legislación va después de los hechos consumados o se hacen modificaciones porque ya se hicieron demasiados delitos de determinada forma. Es simple lo que hay que hacer. Con algo así evitamos todo esto”, concluye la legisladora.

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