Los senadores de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado Nacional –que preside la salteña Sonia Escudero (PJ)- avanzaron en el tratamiento del proyecto que crea un registro e intenta regular la actividad de las personas que realizan tareas de control de admisión en espectáculos musicales, artísticos y de entretenimientos, comúnmente llamados “patovicas”. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde febrero pasado.

En la reunión se escucharon las opiniones de los diferentes sectores. Estuvieron María José Lubertino, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI); Oscar Castellucci -padre del joven muerto en Lanús el año pasado por las lesiones provocadas a manos de patovicas, y titular de una ONG-; representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina; y de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimiento.

En general los presentes coincidieron en la necesidad de regular la actividad de los “patovicas” o encargados de seguridad en los locales de entretenimiento y de exigir una capacitación acorde con las funciones que deben desempeñar. Sin embargo, la mayoría criticó el texto normativo por ser excesivamente “reglamentarista”, por abordar el tema como una cuestión de seguridad –que es materia provincial no delegada al gobierno nacional-, y porque intenta reglamentar el criterio del derecho de admisión, lo que atenta contra los derechos humanos.

La presidenta de la comisión, Sonia Escudero, advirtió que la iniciativa reglamenta cuestiones de competencia local por lo que dudó acerca de las facultades del Congreso Nacional para reglamentar sobre esta materia. “El poder de policía es una competencia de las provincias”, aseguró. Por otra parte, indicó que por pedido expreso del Ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, la comisión había decidido avanzar con este proyecto, aunque aclaró que “se le realizarán las modificaciones que se estimen pertinentes”.

El padre del joven asesinado cuatro meses atrás en la disco “La Casona” de la localidad bonaerense de Lanús, Oscar Castellucci, instó a los senadores a avanzar rápidamente con el texto aprobado en diputados para evitar que se sigan sucediendo hechos como el que le costó la vida a su hijo. Si bien reconoció que el proyecto tiene muchos aspectos perfectibles y que la ley por si misma “no cambiará mágicamente las cosas”, sostuvo que su aprobación es “prioritaria”. “Mientras más debatimos este proyecto, mientras más tiempo se tarde en su reglamentación, todos los fines de semana seguirán apareciendo chicos muertos u hospitalizados como los que vemos en los diarios”.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina, Leandro Nazarre, explicó los orígenes de la iniciativa generada en el seno del propio sindicato y reflejada luego en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Además, se refirió a la situación del sector: “estamos en situación de desprotección”. Al respecto, citó algunas estadísticas: “en la provincia de Buenos Aires, sobre 338 trabajadores sólo ocho están están registrados”. También aludió a los bajos ingresos percibidos: “en promedio el personal trabaja sólo ocho días al mes y cobra alrededor de 40 pesos por noche, lo que coloca a los trabajadores por debajo de la línea de pobreza”.

Nazarre resaltó la importancia de avanzar en la capacitación del personal y cambiar los valores, desterrando “la valoración de las dotes boxísticas por la capacitación en primeros auxilios y respeto por los derechos humanos. Desde el sindicato apoyamos la iniciativa, pues necesitamos que nos den una herramienta para ejercer la profesión”, señaló.

También expresó su conformidad el representante legal de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos, Gabriel Sandoval. “El sector viene reclamando desde hace tiempo una legislación en la materia”. Destacó del proyecto el énfasis puesto en la profesionalización del personal que realiza este tipo de tareas, el cual requiere una capacitación específica que no es equiparable con la que se realiza en otro tipo de locales comerciales. Se quejó, en tanto, por algunos aspectos excesivamente reglamentaristas del proyecto, como aquellos que establecen la cantidad de vigiladores necesarios en relación con la cantidad de asistentes.

La titular del INADI, María José Lubertino, se manifestó a favor de la intervención del Congreso Nacional en esta temática. No obstante, planteó sus dudas con respecto a la redacción del proyecto en cuestión. Principalmente, dudó acerca de la constitucionalidad de la norma en relación con la competencia de la Nación en la regulación de esta materia. Por otra parte, criticó que se abordara el tema como una cuestión de seguridad y que se pretenda regular el derecho de admisión, corriendo el riesgo de “terminar sospechando de aquellos a quienes se busca proteger”.

Lubertino observó, asimismo, los artículos que en el proyecto se refieren a las condiciones de admisión y permanencia –las razones por las que una persona puede ser impedida de ingresar o permanecer en un lugar-, porque presentan un “alto grado de subjetividad y se está dando al personal de seguridad un instrumento más peligroso de discriminacion”. En el mismo sentido opinó el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Luis Alem, quien dijo que “reglamentar el derecho de admisión es un arma muy peligrosa que deja un margen muy grande de arbitrariedad”.