La soberbia exacerbada de la gestión Balbarrey lo hizo aludir en numerosas ocasiones al denominado “Plan de Contingencia”, mostrándolo como un virtuoso proyecto pergeñado por un especialista venezolano, convocado a tales fines, al Lic. Pedro Zucarini.

Sin ánimos de continuar criticando a la pobrísima actitud de los gobiernos provincial y municipal de Santa Fe, ante los dramáticas consecuencias de las dos inundaciones (la de abril de 2.003 y la de marzo – abril recientes), pero sí de esclarecer y de proponer para el futuro, es que considero oportuno manifestarme sobre cómo debe elaborarse un “Plan de Contingencia” que, para la ciudad de Santa Fe, es de imperiosa necesidad.

En primer término y a modo de definición, sostengo que un Plan de Contingencia es un conjunto de medidas que determinan los cursos de acciones a seguir en situación de catástrofe, y que su principal objetivo es mitigar daños, como así también alertar y planificar la evacuación de las poblaciones ante eventos que pongan en peligro personas y bienes. Una de las principales herramientas para que el plan funcione; es el nivel de conocimiento de la población en riesgo, y es hacia ese objetivo donde se deben encaminar las principales acciones de gobierno.

En el mes de junio del año pasado, presente en conferencia de prensa y ante el Lic. Pedro Zuccarini – por entonces, Subsecretario de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe- , el informe de una encuesta elaborada por mis equipos técnicos, que, desarrollada en cada uno de los barrios que habían sido afectados por la inundación del año 2003, revelaba una información preocupante: La mayoría de los santafesinos afectados no sabían como actuar frente a una nueva inundación.

En dicha oportunidad, pudimos comprobar que el nivel de conocimiento que poseía la gente sobre el Plan de Contingencia era prácticamente nulo, y que, analizadas las respuestas, el mecanismo dejaba a entrever falta de comprensión y desconocimiento acerca de cómo proceder y donde concurrir ante una eventual reincidencia del episodio.

También me resultó preocupante corroborar que existía una peligrosa tendencia a creer que la catástrofe hídrica no volvería a ocurrir, lo cual tornaría más imprevisible una eventual inundación. Eso indicaba que se debería haber trabajado mucho en la etapa de sensibilización, información, capacitación y entrenamiento, con ejercicios de simulación, además de los aspectos referidos a infraestructura y planificación.

Pese a todas esas advertencias que, como exprese antes, se habían formulado al propio titular de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe, las actuaciones del municipio durante el lamentable episodio resultaron ser un auténtico fracaso, dado que se volvió a actuar de manera improvisada, lo que me permite aseverar que básicamente, el Plan de Contingencia no existió como tal.

Las imágenes de abandono del 29 de abril de 2003 se repitieron como si el tiempo se hubiera detenido trágicamente en Santa Fe. No hubo rapidez en la emergencia, ni coordinación entre las distintas áreas de gobierno, ni centros de información y de denuncias. Tampoco hubo un sistema ordenado de traslado; la gente inundada no sabia adonde concurrir. Las medidas de seguridad de bienes no fueron adoptadas con eficacia, y en los centros de evacuados se cenaba de madrugada y se almorzaba por la tarde. No se había previsto la emergencia sanitaria, e incluso, en una primera instancia del suceso se dijo que las Escuelas no iban a ser utilizadas, y después, se las terminó afectando. No se mantuvieron los reservorios, ni el sistema de bombas extractoras de agua, y durante estos años, se permitió que proliferaran asentamientos en sectores que forman parte del valle de inundación de nuestro sistema hídrico. Definitivamente, fue una situación caótica que incluyó formas de reclamos totalmente anárquicas, como previsible respuesta a una administración municipal ausente e irresponsable.

Asistimos a la finalización de un gobierno sin energías ni fuerzas, limitado a cumplir un rol meramente administrativo. Esta vez, fueron más de 30 mil los santafesinos que por segunda vez tuvieron que abandonar sus viviendas. Esto evidencia de manera inapelable la fragilidad del Estado -municipal y provincial- para resolver los problemas de la gente.

* Storero es Diputado Nacional por Santa Fe