Magistrados contra los cambios en el sistema de jury bonaerense
El Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires cuestionó con dureza el proyecto que posibilitaría a los legisladores bonaerenses impulsar juicios contra jueces y fiscales.
La entidad consideró que la modificación podría transformarse en una herramienta para “presionar” a los magistrados “y proteger determinados intereses”.
En un duro pronunciamiento, la entidad puso como ejemplo el caso Gerez, el militante kirchnerista que denunció haber sido secuestrado en Escobar.
“Es un recordado ejemplo del intento de algún integrante de la política de marcarle a la Justicia lo que debía y lo que no debía investigar”, disparó.
El Colegio se refirió al pedido de jury contra los fiscales de ese caso impulsado por diputados del kirchnerismo, -que finalmente no se presentó- porque los legisladores consideraron que se había dejado “de investigar a las víctimas” para seguir la pista de la presunta vinculación de sectores relacionados con la dictadura como posibles autores del secuestro.
La polémica por este proyecto se relaciona con la decisión de legisladores oficialistas de impulsar modificaciones al sistema de enjuiciamiento (jury) a magistrados y funcionarios judiciales, a través de un proyecto de ley que apunta a fortalecer la participación de la Legislatura en este órgano.
El proyecto impulsado por el bloque de senadores del Frente para la Victoria (FpV) y el PJ dispone, entre otras medidas, que una comisión bicameral de diez legisladores pueda sumarse a las personas y órganos habilitados para denunciar y acusar a los magistrados por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Actualmente, esa potestad está reservada a la Procuración General, al Colegio de Abogados y a los particulares.
De tal modo, el poder político también tendría atribuciones para pedir el enjuiciamiento de magistrados.
En ese marco, el Colegio de Magistrados expresó su preocupación y afirmó que el proyecto “de extender la posibilidad de iniciar el jury a una comisión de legisladores no otorga mayor poder a los ciudadanos comunes, a quienes la Constitución ya reconoce el derecho a iniciarlo y sostenerlo, sino que es una herramienta que abre la posibilidad de que se presione a jueces, fiscales y defensores para proteger determinados intereses”.
