El Caso Skanska y las presiones sobre el Poder Judicial son algunos de los actos por lo que la UCR reclama el alejamiento del minisitro del interior. También piden la creación de una comisón investigadora.
El bloque de Diputados nacionales de la UCR exigió la renuncia del ministro del Interior y presentó un proyecto de creación de una comisión bicameral investigadora sobre el caso Skanska, a la vez que reclamó el cese de presiones del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
El caso Skanska, que comenzó a partir de las denuncias sobre facturas de empresas fantasmas utilizadas, supuestamente, para ocultar el pago de coimas a funcionarios p, han tomado un inquietante giro: desde el Ministerio del Interior, su titular, Aníbal Fernández, ha presionado a los jueces que llevan adelante la causa, utilizando la mayoría oficialista públicos en el Consejo de la Magistratura.
En el proyecto se pide al Ejecutivo que se aclare, entre otros puntos: Qué relación tiene el gerente general del Fideicomiso Nación con Infiniti Group.
Qué medidas tomó el Poder Ejecutivo cuando la AFIP detectó las irregularidades relacionadas con la obra de ampliación del gasoducto
del Norte.Si se pidieron los informes respectivos a la Inspección General de Justicia y al Banco Central sobre la situación jurídica y financiera
de las sociedades que operaron con la empresa Skanska.
Que rectifique o ratifique la información anticipada en
medios periodísticos acerca de la recomendación del contador Ulloa sobre la preadjudicación del proyecto a Infiniti Group.
Este pedido de informes todavía no ha sido aprobado y, de reiterarse el comportamiento recurrente del oficialismo en la Cámara
de Diputados de no manifestar su voluntad de aprobar los pedidos de
informes cursados al Ejecutivo, seguramente dicha solicitud no prosperará.
Las denuncias efectuadas por el ministro del Interior contra el magistrado que investiga la causa Skanska, el juez en lo Penal Tributario Javier Lopez Biscayart, por supuestas anomalías en su actuación en la causa a su cargo, son revelaciones explícitas de presiones que intentan paralizar la intervención del juez.
Esta inusitada intromisión sobre otro poder del Estado
tiene como objetivo desplazar el caso del centro de la escena, señalando al
juez como responsable de irregularidades procesales, procurando, además, ocultar el verdadero entramado delictivo y sus posibles responsables, que
podrían encontrarse en sectores recónditos del propio Poder Ejecutivo.
Esta maniobra, urdida por el ministro del Interior, consiste en utilizar el recurso del “apriete” sobre los otros poderes, desplegando de esta manera una cortina de humo con la finalidad de ocultar negociados en los que podrían estar implicados funcionarios del Gobierno. Para sancionar el comportamiento de miembros del PEN, el bloque radical exige la renuncia del ministro del Interior, solicita la creación de una comisión bicameral investigadora sobre las contrataciones para la construcción del Gasoducto del Norte y reclama el cese de las presiones del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, para que este pueda investigar los hechos con libertad y conocimiento.
