El gobierno bonaerense impulsa cambios en la ley de Educación Provincial.
El dato saliente de la reforma que busca la administración bonaerense es que, de aprobarse, será obligatoria la sala de 4 años en los jardines de infantes. Recordemos que en la actualidad, la enseñanza en la provincia de Buenos Aires es obligatoria a partir de los 5 años.
El gobernado Felipe Solá fue el encargado de hacer el anuncio, acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Adriana Puiggrós. Allí explicó que la implementación obligatoria de la Ley Nacional de Educación “requiere adaptar la norma provincial”.
Adelantó además que la convocatoria prevé “una consulta masiva a docentes, intelectuales, familias, funcionarios, académicos, dirigentes políticos y organizaciones sociales”.
“Queremos una ley plenamente respaldada que defina el modelo educativo para las próximas décadas”, sostuvo Solá y recordó que la provincia de Buenos Aires es la que más fondos destina al sistema educativo
El plan de consulta por la nueva Ley Provincial de Educación será debatido por los docentes a partir de la semana que viene en las escuelas bonaerenses. Posteriormente también se efectuará una consulta con los distintos sectores de la sociedad: miembros de la comunidad educativa, gremios, credos, organizaciones sociales, entre otros, que debatirán el texto de la ley provincial.
En el mes de mayo se elaborará un documento que estará sujeto a una segunda evaluación para la confección del texto definitivo de la ley.
Solá sostuvo que “queremos devolverle a la escuela lo que negamos durante muchos años”.
Para la directora general de Educación y Cultura, Adriana Puiggrós la nueva ley “debe estar pensada para que el sistema educativo responda a las interpelaciones de los tiempos que vendrán, pero garantizando que los cambios se harán teniendo en cuenta los principios fundamentales como el carácter de bien social de la educación”.
Citó además entre esos pilares “la responsabilidad pública de educar a las nuevas generaciones y al conjunto de la sociedad, la indelegable responsabilidad del Estado de sostener política, financiera y pedagógicamente el sistema de educación pública y la condición de sujetos de derecho de los niños, los adolescentes y los adultos”.
