Con el ánimo de reparar la inequidad existente en perjuicio de las provincias, respecto a la distribución de los llamados impuestos al cheque y a las retenciones a las exportaciones de productos de origen agropecuario, el senador Carlos Rossi, presentó días atrás, una iniciativa a través de la cual espera se rectifique lo normado hasta aquí, en beneficio por cierto, de las jurisdicciones estatales del interior.

La iniciativa, establece que se incorpore a la masa de fondos a distribuir prevista en el artículo 2º de la Ley 233.548 de coparticipación federal de impuestos, aquellos incluidos en el artículo 1º de la Ley 25.413 de competitividad, cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis por mil (6 ‰) a aplicar sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria., más los comprendidos como derecho de exportación, para las distintas posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur, de productos del agro.

En sus fundamentos, la norma propuesta por Rossi subraya que el nivel de recaudación que implican ambos tributos y su relación a la recaudación coparticipable, habla por si solo de la importancia de la masa de fondos que se omite distribuir a las provincias, dando como resultado un Estado Nacional con recurrente superávit, y por el contrario a muchos estados provinciales, con crecientes niveles de déficit presupuestario.

Cabe destacar que, los recursos tributarios comprendidos en este proyecto, en cuanto a su generación, tiene también origen en todas las provincias, razón por la cual, la no coparticipación de estos sobre el total de las 24 jurisdicciones provinciales, sería injustificable.

A la hora de argumentar en números su propuesta, el legislador cordobés indicó que “en 2006 el gobierno nacional recaudó, con el impuesto al cheque, unos 25 mil millones de pesos, y cerca de 35 mil millones con el impuesto de las retenciones agropecuarias, fondos que corresponden a todas las provincias, pero que no llegan, y algo similar ocurre con 4 mil millones de pesos que maneja el Ministerio del Interior a través de ATN que se distribuyen escasamente, mientras hoy existen fundaciones, entidades intermedias, cooperadoras, y muchísimos intendentes que necesitan esa plata para la construcción de una planta potabilizadora de agua, de cloacas, para playones deportivos, para alumbrado público, obras que sin dudas, cambian la calidad de vida de la gente, pero no se llevan a cabo”.

Por último, el texto del proyecto ve como comprensible que la no coparticipación actual haya surgido en épocas de profundas crisis económica y financiera (la norma vigente es de 1988); pero no es justificable su permanencia en el tiempo, habiendo sido superada la aludida emergencia.