Sistemáticamente Néstor Kirchner mina las bases de la República avanzando sobre los otros Poderes. Primero logró romper la lógica de funcionamiento del Congreso. Ahora se ocupa de la Justicia.

Lo cierto es que la preocupación del presidente porque la Justicia destrabe las causas por violaciones a los derechos humanos, preocupación que compartimos, no parece ser tan genuina si consideramos que el oficialismo se ha negado permanentemente a acompañar las sesiones especiales de la Cámara de Diputados en las que se solicitaba un gesto político fuerte como era legislar sobre la nulidad de los indultos a los genocidas.

Por lo tanto debemos poner en debate esta actitud que pretende adueñarse de la política de Derechos Humanos, pero que no avanza por el camino que puede afirmar la posición que la sociedad debe priorizar respecto al pasado reciente y, fundamentalmente, a la construcción del futuro en una sociedad de iguales.

Desde una visión republicana, es indudable que la ingerencia de un Poder sobre otro es inadmisible. Si el Ejecutivo tiene sospechas respecto al accionar de los jueces, no es intimándolos a actuar ni solicitándoles la renuncia como se resuelve el problema. Hay un Consejo de la Magistratura que tiene mecanismos claros para iniciar una investigación respecto a ese accionar. Precisamente en este momento, con los cambios introducidos a instancias de Kirchner el Consejo de la Magistratura, es un instrumento más que dócil para estos menesteres.

El problema es mucho más profundo. Insistir con una posición crítica a todo espacio institucional republicano implica la adopción de una lógica “institucional” diferente. Hoy vemos la construcción de un modelo hegemónico “populista” que tiene como elemento característico que las decisiones se toman en un entorno muy restringido y responden a una lógica de acumulación que no respeta ninguno de los valores que son propios de una democracia: separación de poderes, control de las acciones de gobierno, publicidad de los actos, transparencia y fundamentalmente participación de los ciudadanos.

Dijo Kirchner en el Acto Central del 24 de marzo de 2007: “La Justicia está lenta, yo empujo, empujo y empujo, pero algunos se hacen los distraídos”. Y aún más, desliza que “el Consejo de la Magistratura actuará contra los magistrados de la Sala 3”. Esta frase es una clara descripción de lo que Kirchner y su troup entienden como construcción política: presionar, invadir esferas de otros Poderes, amenazar y, si esto no es suficiente, anunciarle al pueblo que él solo no puede. Los otros Poderes no son efectivos, no hacen lo que tienen que hacer, por ende, él se verá obligado a actuar en consecuencia.

Esta manera de pensar la construcción de poder es propia de regímenes autoritarios. Si algo debemos preservar es el espacio del control y el espacio de trabajo concreto de cada una de las instituciones de la República.

Tengamos presente que en estos tres años de gobierno se han destruido los espacios más relevantes para sostener la democracia:

• Consejo de la Magistratura.

• Congreso Nacional: sólo tiene la posibilidad de levantar la mano adhiriendo a los proyectos que el Ejecutivo acepta o propone. No hay discusión, simplemente se acata lo que el Poder Ejecutivo Nacional reclama.

• La prensa.

• Los empresarios que sienten la presión del Gobierno.

• Manejo discrecional de los fondos.

El acoso al juez López Biscayart, juez que entiende en la causa Skanska, es uno de los últimos acontecimientos que refuerza la idea de la violación de la independencia de Poderes.

Este proceso de destrucción sistemático nos obliga a pensar en el otro proceso de construcción oculto. La acumulación de poder en pequeños grupos desnuda una estructura conformada por apetencias personales, cierto grado de irracionalidad que no admite consensos ni diferencias. En este marco, y con el proceso de destrucción creciente de las alternativas políticas, el panorama es complejo y de muy difícil resolución.

* Susana García es diputada de la Nación ARI-Santa Fe