El ministro del Interior, Aníbal Fernández defendió el proyecto de ley que propone modificar la Carta Orgánica del Banco Central, al asegurar que la iniciativa amplía las atribuciones de la entidad y prevé el trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo.

La iniciativa recibió críticas expresadas ante la posibilidad de que la autonomía de la entidad quede limitada.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que el proyecto de ley “agrega atribuciones” al Banco Central respecto a la norma que está vigente desde 1992 a la fecha. “El proyecto le agrega atribuciones al Banco. No veo que el Ejecutivo se esté metiendo en el manejo (de la entidad), sino que le está dando posibilidades de análisis financieros a futuro”, señaló el ministro.

El funcionario comentó que “los bancos centrales constituyen no sólo un instrumento de regulación del sistema monetario, sino también prestamistas de última instancia”.

“El Gobierno entiende que el Banco Central argentino tiene una política consistente, que ha permitido llegar a 38.400 millones de dólares de reservas”, agregó.

Otro que aplaudió la medida es el economista y director de Enarsa, Aldo Ferrer, quien dijo que el Banco Central debe ser -a la vez- “autónomo y parte de una estrategia de desarrollo económico y de gobernabilidad”.

Por su lado, el economista Orlando Ferreres criticó el proyecto al asegurar que la Carta Orgánica del Central volverá a ser similar a la que existía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, “cuando tenía tantos objetivos, que en realidad no tenía objetivos”.

La iniciativa aprobada por la Comisión de Finanzas de la Cámara baja -con la objeción solitaria del macrista Federico Pinedo- contempla la modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica, y establece como “misión primaria y fundamental” del Banco Central la de “preservar el valor de la moneda, de un modo consistente con las políticas orientadas a sostener un alto nivel de actividad”.

También prevé que la entidad “coordinará su cometido con el Poder Ejecutivo” en lo que respecta a la formulación y ejecución de las políticas monetaria, “sin estar sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de este último respecto del manejo de los instrumentos de su competencia”.

En un párrafo se incorporó la obligación al Banco Central de coordinar con el Poder Ejecutivo “la formulación de las políticas monetaria, financiera y cambiaria”, aunque manteniendo que “sin estar sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones”.

Según algunos analistas, eso implica autorizar al Central a supeditar la emisión monetaria y sus objetivos de inflación al nivel de actividad que el gobierno crea conveniente.

“La modificación del artículo 3, que es lo que se discutió en el recinto el martes, además de la preservación del valor de la moneda incluye el acompañamiento de las políticas de crecimiento y del empleo, que es lo que necesitamos hoy en el país”, dijo la autora de la iniciativa, Mercedes Marcó del Pont.

“No significa subordinación, sino ponerse de acuerdo, y eso está presente en todos los países del planeta”, aclaró la diputada, quien destacó que otro punto modificado fue el cambio de enfoque respecto a la época de la convertibilidad -cuando el accionar de la entidad estaba regido por la paridad entre el peso y el dólar-.

Otro de los ejes del proyecto establece que el BCRA debe coordinar su accionar con el Poder Ejecutivo. Si bien esto se da actualmente en los hechos, que aparezca en una ley en forma explícita vulneraría la autonomía de la entidad que conduce Martín Redrado, advirtieron los opositores al proyecto.

Hasta la actualidad, la función primordial del Central fue mantener el valor de la moneda, a tal punto que sobre el ingreso del público de la sede de la entidad en la calle Reconquista puede leerse ese objetivo en letras de bronce.

Pero ya en 1992, para no remontarse más lejos, la Carta Orgánica del Central permitía no sólo amplios márgenes de emisión sino también utilizar sus recursos como prestamista del Tesoro.