– La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene como eje principal la defensa y el reconocimiento de los derechos ambientales reconocidos por la Constitución. ¿Cómo está trabajando la institución en estos temas?

– Sin duda los temas de los derechos de incidencia colectiva, fundamentalmente los de materia ambiental, tuvieron y tienen una importancia sustancial en la tarea de la Defensoría. A medida que creció esta problemática de los temas ambientales, nosotros creamos un área específica que se está ocupando sobre esos temas. En esto, el inicio lo marcó el problema del Riachuelo. A partir de ahí todas las problemáticas ambientales fueron abordadas. Estamos ante estos derechos de tercera generación, ampliados como derechos difusos y colectivos. Para nosotros hoy forman una de las líneas de acción más comprometidas que tiene esta Defensoría, que es la defensa y tutela de derechos.

– En el área del medio ambiente, la Defensoría trabajó en dos informes: uno sobre la cuenca Matanza-Riachuelo y otro la contaminación de la cuenca del río Reconquista. En esto denunciaron que más de cuatro millones de personas están expuestas a la contaminación del agua, del aire y del suelo.

– Los dos informes producidos, uno está judicializado, que es el del Riachuelo, porque nuestro informe se convirtió prácticamente en la base del juicio que se lleva adelante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no sólo le sirvió a los vecinos, con el cual demandamos a la Corte, sino también sirvió de análisis a los propios miembros de la Corte y del otro lado el informe del Reconquista. Las dos cosas nos hacen prever que la ciudad de Buenos Aires se encuentra rodeada de dos cuencas que bien podríamos denominar dos cloacas a cielo abierto, con distintas características, pero con los mismos tipos de contaminación: industrial, agropecuaria y orgánicas.

– ¿Ante quiénes reclamaron?

– Esta situación nos llena de preocupación e hicimos las recomendaciones a los poderes públicos. Esperemos tener una respuesta adecuada y que el camino que tenemos que adoptar no vuelva a ser el camino judicial.

– ¿Confía en tener una respuesta?

– Antes que se dé una situación de este tipo esperemos tener una contestación por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como también del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

– ¿Qué piden?

– Estamos pidiendo un plan de tratamiento de cuenca porque está en riesgo el Delta del Paraná. El Delta -que es casi un sistema único en el mundo, donde hay especies que están en extinción- cuenta con zonas donde el agua ya casi no es potable por la gran carga orgánica y química que contiene. Es decir, éstas son las problemáticas que aborda el río Reconquista que, junto con el Riachuelo, se constituyeron en dos cuencas del alta contaminación que requieren un alto impacto por parte de políticas públicas.

– La Defensoría está impulsando una iniciativa popular en torno de la seguridad vial, denominada “Por qué la vida vale”. ¿En qué consiste el plan?

– Nosotros planteamos una iniciativa popular con algunas organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de poder llevar, al Parlamento, una iniciativa que más que un proyecto de ley es un plan integral de seguridad vial. Tiene un capítulo dedicado a la emergencia y la creación de una autoridad nacional y otro capítulo de educación vial.

– ¿Cómo lo plantean a este capítulo?

– Nosotros planteamos que la educación vial se incorpore en algún segmento de la educación escolar en forma obligatoria.

– ¿En qué momento?

– Esto lo tiene que definir el Ministerio de Educación, ya que es una cuestión pedagógica y habrá que definir cuál es el momento en que los alumnos están en mejores condiciones de recibir este tipo de conocimientos.

– ¿Está de acuerdo con la implementación en la ciudad de Buenos Aires de la ley de Seguridad Vial obligatoria en escuelas públicas y privadas?

– Nosotros hablamos de un plan nacional, porque Argentina tiene un promedio de más de 20 muertos por día y esto requiere una política pública nacional que tanto las provincias como los municipios vayan acompañando.

– ¿Cuáles serían las otras etapas de este plan?

– En otro capítulo planteamos cuáles serían, a nuestro entender, las modalidades y requisitos que deberían tener en todo el país para otorgar la licencia para conducir. Tendría que haber un modelo único y creemos que el carnet, la primera vez, tiene que ser con carácter provisorio, por dos años, para ver si esa persona al cabo de ese tiempo cumple con todas las normas y si no tiene que rendir nuevamente. Creemos definitivamente que el registro de antecedentes de tránsito en la Argentina tiene que estar en cada lugar donde se emite un carnet para conducir. Allí tiene que haber un archivo con todos los antecedentes de quien va a solicitar el carnet. El último capítulo sería lo que se denomina plan de infraestructura.

– ¿En qué consiste?

– Creemos además de lo que tiene que ver con la obra pública, que es desarrollar nuevas vías de comunicación. Creemos que hay que usar las casillas de concesiones viales como un elemento de control.

– ¿Cómo sería?

– Las casillas de los peajes de las distintas rutas deben dejar de ser un simple lugar de cobro. Tienen que formar parte de un plan estratégico. En el peaje tiene que haber toda la capacidad de control, técnicamente la más moderna; tiene que estar allí la autoridad de control para controlar todos los vehículos, coches, camiones y micros. Teniendo, además, un lugar allí para que los conductores de los vehículos que no puedan seguir su marcha tengan un lugar de descanso.

– ¿Esto sería muy complejo?

– De ninguna manera. Hay que armar una infraestructura adicional en los peajes que haga a la seguridad vial. Me parece que esto es central, porque prácticamente no hay ruta en nuestro país donde no exista una casilla de peaje. Pero es una vergüenza, porque en las rutas en el medio de la nada hay sólo dos casillas muchas veces improvisadas, donde solamente están para recaudar y ni siquiera hay un auxilio mecánico. Esto es una vergüenza. Es decir, cada casilla de peaje tiene que tener no sólo un auxilio mecánico sino también un vehículo para accidentología y una ambulancia.

– El Congreso de la Nación aprobó la creación de una Comisión Bicameral para tratar de resolver el tema de la seguridad vial. ¿Cuál es su expectativa?

– Tengo una expectativa, junto con la sociedad civil, que la Comisión nos convoque, no como especialista, ya que en la Defensoría no somos especialistas en seguridad vial, pero estamos para transmitir nuestra visión y experiencia en esta materia.

– ¿Cómo tiene que ser el nuevo Estado en la Argentina?

– Nosotros creemos firmemente que los Estados modernos no son más Estados verticales, son Estados que con una fuerte autoridad convocan al resto y que miran transversalmente a una sociedad que cuando tienen que resolver problemas de fondo como esto, convocan a la sociedad, no para que le reste autoridad sino para conducirlos y para que le hagan aportes. Argentina, creemos firmemente, tiene que ir en la búsqueda de un Estado inteligente que no es ni el Estado paternalista ni el Estado ausente, que tampoco es el Estado piramidal en el cual desde la punta de la pirámide ordenan que se resuelvan los problemas, como si los problemas se resolvieran con órdenes en lugar de plantear objetivos estratégicos a mediano y largo plazo e ir convocando al resto de la comunidad.

– ¿En la Defensoría lo están haciendo de esta forma?

– Efectivamente, en los temas de medio ambiente trabajamos con las universidades públicas. En este tema de la seguridad vial convocamos y participaron desde el Automóvil Club Argentino hasta la Asociación de Carretera, porque creemos que su participación es importante. Entonces creemos que de eso debe nutrirse un Estado moderno. Los estados moderno son aquellos que articulan con la sociedad y, por lo tanto, tienen un pensamiento plural que no está sólo pensado en el pluralismo de un proceso electoral y democrático.

– ¿Cuál es la diferencia?

– El proceso electoral y democrático tiene una faceta que es la legitimación de las autoridades, que legitima sus representantes. Pero hay un proceso articulador de todos los días y de los temas cotidianos que el Estado tiene que abordar. Lo tienen que abordar los representantes en el ámbito que están, lo tiene que abordar el Poder Ejecutivo, lo está pensando y lo está abriendo a través de la audiencia pública el Poder Judicial. Es decir, no hay más que pensar en los estados piramidales. Resaltamos el trabajo que realiza el Congreso de la Nación, que es el ámbito donde la gestión de la Defensoría del Pueblo siempre fue respaldada.

– ¿Cree entonces que se podrán ir encontrando soluciones?

– Ojalá que éste sea un camino. Mientras tanto estamos en una intensa campaña con la colaboración inmensa de todo el país. En más de 300 lugares se están juntando firmas, se incorporaron los medios de comunicación de todo el país, tratando de llegar a estas 400 mil firmas que nos permitan llevar esta iniciativa al Congreso. “Porque la Vida Vale”, que es nuestra campaña, valió la pena con el solo hecho de haberse instalado en la opinión pública.

– ¿Los usuarios de servicios públicos reclaman permanentemente que se sienten desprotegidos por falta de control?

– Tengo que ser honesto porque si no sería contrario a mi pensamiento y si algo me ha caracterizado fue plantear las cosas con total honestidad. Planteé que el Estado argentino tienen una gran oportunidad en la renegociación de los contratos, ya que creo que el camino elegido a partir de las cartas de entendimiento no fue el mejor. Lo dije en todas las audiencias públicas y en el Congreso, pero además sigo sosteniendo que haber optado por la sanción ficta como un mecanismo es absolutamente inconstitucional. De hecho, nosotros lo estamos observando y esperamos obtener la ratificación judicial, porque creemos que no le da la seguridad jurídica que tienen los contratos. Pero es cierto también que quien tiene la responsabilidad de llevar adelante es el Estado Nacional, que está a cargo de esto, y en ese sentido tenemos que ser respetuosos e ir por los canales que hemos ido, es decir participar de las audiencias públicas y, en el caso de la sanción ficta, utilizar el instrumento de legitimación que nos da la Constitución y esperar que la Justicia se pronuncie sin abrir otro juicio de valor.

– ¿Pero cómo explica la falta de control en los servicios públicos?

– En este nuevo diseño de servicios públicos creo que hay dos o tres cosas pendientes: falta un marco regulatorio general, que al comienzo de la gestión de este Gobierno se le planteó con un proyecto de ley que fija reglas de juego para los servicios públicos. Sin embargo, quedaron muchas cosas en el medio sin resolverse.

– ¿Por ejemplo?

– Me pregunto, los celulares ¿son o no un servicio público? En nuestro país hay 32 millones de celulares y la doctrina dice que cuando un servicio lo usa la mayoría se constituye, de hecho, en un servicio público y merece ser regulado. Nosotros lo tenemos sin regular y con todas las falencias.

– Esta Defensoría también está atendiendo temas vinculados a los derechos humanos.

– Nosotros realizamos un trabajo que se llama “Informe del Servicio Penitenciario”, que lo hicimos con el Observatorio Internacional de Cárceles, que lo presentamos en el Congreso. También, de manera personal, lo presenté en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

– ¿Cómo está hoy el Sistema Penitenciario en la Argentina?

– En realidad el sistema está colapsado, con muchos problemas de hacinamiento. Pero, además, no resolviendo los problemas que tienen que ver con la diferenciación de los presos. Esto es un modelo que, aunque no se lo proponga como objetivo, vulnera los derechos humanos de los presos.

– ¿Esto sería una tortura encubierta?

– Seguro que no hay una vulneración intencional de los derechos humanos, como hubo en otra época en la Argentina. Es decir, no hay una decisión de torturar a un preso como en aquella época nefasta de la dictadura militar. Pero de alguna manera las condiciones de vida que se dan en las cárceles llevan a un mismo camino.

– ¿En este sentido reciben muchas denuncias?

– Venimos de hacer una presentación en Rosario con dos comisarías a las que fuimos por una denuncia y donde hay 25 personas en 20 metros cuadrados, sin asistencia médica, algunas personas con tuberculosis y sífilis. También estuvimos en el Chaco, donde una asociación nos planteó una denuncia sobre la grave situación que se presenta en Penitenciaría y en las comisarías del Gran Resistencia.

– ¿Sin embargo se han construido nuevas cárceles?

– Efectivamente hay un programa de nuevas cárceles, pero no creo que todo pase solamente por nuevos edificios.

– ¿Cuál sería la solución?

– Me parece que hay que hay que encontrar un nuevo modelo penitenciario para que, de alguna manera, las cárceles cumplan con el rol constitucional que tienen y que es resocializar a los detenidos durante la condena.

– Teniendo en cuenta todos estos problemas que plantean los usuarios, los ciudadanos, la gente ante la Defensoría del Pueblo, ¿habría soluciones en un futuro inmediato?

– Creo que hay un cambio de actitud importante en estos últimos años. Esto es un Estado más comprometido, un Estado menos ausente en materia de políticas públicas, y esto hay que decirlo.

– ¿Cómo se explica esto?

– Hace algunos años teníamos un Estado que había creído -durante mucho tiempo- que el mercado iba a resolver todos los problemas y luego nos encontramos con una crisis que no era solamente económica, sino que era una crisis profundamente social. Creo que hay un Estado más comprometido con las políticas públicas. Pero creo que, a su vez, en el tiempo que lleva no terminó de ir marcando prioridades sobre temas que son sensibles para la gente.

– ¿Faltan políticas de Estado?

– Considero que falta focalizar o diseñar un marco de prioridades de políticas públicas, pero es importante señalar que hay un Estado que tomó la decisión de no ser más un Estado ausente. El gran desafío es tener un Estado moderno, eficiente y participativo para ir resolviendo los problemas de la gente.

– ¿Cuál es su objetivo de aquí hasta el final de su mandato?

– Desde que asumí hace siete años hasta hoy la diferencia de percepción que la sociedad tiene es abismal, hoy somos una institución visualizada por la gente. De todas maneras, creo que nos falta profundizar aún más. Mi objetivo es culminar mi mandato en el 2009, habiendo puesto a la Defensoría del Pueblo de la Nación en un lugar preponderante dentro de las instituciones de la República Argentina. La Defensoría no es más que un instrumento que la Constitución pone en manos del ciudadano para que lo use. En la medida en que nosotros se lo podamos acercar, en la medida en que la gente confíe en esta institución como lo está haciendo, creo que vamos acercándonos al rol central que debe cumplir un defensor.

Agustín Alvarez Parisi