El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, parece tener su propia manera de ser kirchnerista: no escatima gesto de confrontación con los encumbrados funcionarios que moran en la Casa Rosada y además su tropa legislativa avanza a paso firme.

También quedó en evidencia, en estos últimos días, una fuerte toma de posición de los legisladores bonaerenses -sobre todo del Senado- destinada a “marcarle”, tanto al presidente Néstor Kirchner, como al probable gobernador, Daniel Scioli, que la Legislatura tiene poder y autonomía.

La muestra es que no se conformaron diputados y senadores con la sanción del “achicamiento” de la Corte y la modificación al sistema de enjuiciamiento, sino que van por más: Juicio Político al Fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, y reintento de avanzar con la Reforma Penal que eliminaría a la Cámara de Casación.

Pero en el plano de las declaraciones públicas también hubo pasos inequívocos del propio gobernador. Por un lado, al expresar sus preferencias sobre la posibilidad de que Florencio Randazzo, actual ministro de Gobierno provincial, sea el compañero de fórmula de Scioli. Por otro lado, al criticar al secretario de Comercio Nacional, Guillermo Moreno, por un tema altamente sensible como es el control de precios y dejando en claro que no compartía su política, más allá de la metodología.

En ese mismo plano le contestó la diputada por el FpV Liliana Di Leo, quien dijo que “todos conocemos las simpatías del gobernador hacia las corporaciones agrarias, estuvo en contra de las retenciones a las exportaciones y de todas las acciones de gobierno tendientes a regular el mercado de carnes y frenar las maniobras especulativas del sector”, dijo la legisladora ultra K.

No ignora, la diputada platense, que la escalada felipista puede terminar con un “desdoblamiento” de las elecciones provinciales de las nacionales, facultad que posee, en exclusiva, el actual mandamás bonaerense, que muestra su poder de fuego mientras “sueña” con presidir la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, luego de abandonar el sillón de Dardo Rocha.

Lo hecho

Recientemente en sesiones en simultáneo la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se aprobó, sin mayores dificultades, dos proyectos de cierta magnitud para el futuro funcionamiento del Poder Judicial en la provincia. Por un lado, sin mayores sobresaltos y en común acuerdo con todas las bancadas, diputados y senadores aprobaron “sobre tablas” la reducción de la Suprema Corte, llevando su integración de los 9 actuales a 7 en el futuro. Algo que, en definitiva, no presentó ninguna resistencia.
La “nueva ley jury”, impulsada por la senadora provincial Mónica Litza, contó con la adhesión de todos los bloques en la Cámara alta, aunque hubo algunas sugestivas ausencias. En diputados, las oposiciones ya fueron explícitas, aunque las críticas apuntaron a “las formas” de tratamiento y no a “la sustancia del proyecto”, los bloques de la UCR y del ARI se manifestaron por la negativa, en lo que constituyó el primer gesto de “Coalición Cívica”.

La ley que reglamenta el enjuiciamiento de jueces y fiscales en la Provincia no es revisada íntegramente desde 1973. En la ley, recientemente sancionada, se advierte que “el cambio tiene la finalidad de estar en armonía con el enjuiciamiento de magistrados que rige a nivel nacional”.

Para equiparar ambas legislaciones se creó una Comisión Bicameral, compuesta por siete diputados y cinco senadores, con la facultad de acusar y denunciar ante el jury. En la Nación el Consejo de la Magistratura cuenta con representación política mayoritaria.
La composición del jurado no fue modificada en el proyecto. Ésta se encuentra prevista en la Constitución y no puede ser alterada por ley.

Se garantiza el derecho de defensa de los magistrados denunciados, dando traslado de las actuaciones instruidas para que puedan efectuar su descargo antes de la reunión plenaria del jury, pero tienen además la posibilidad de presentarse espontáneamente desde el inicio del sumario para conocer los términos de la denuncia en su contra y poder ejercer su defensa desde el comienzo. Estas disposiciones habrían sido bien recibidas por miembros del Poder Judicial. Se crea la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá su sede en el Senado provincial. En la actualidad el sumario lo hace la Suprema Corte. Estas disposiciones no habrían sido bien recibidas por miembros del Poder Judicial.

Por las dudas, Litza manifestó creer “absolutamente en la división de poderes y en este caso soy respetuosa de la independencia del Poder Judicial. Pero, asimismo, reivindicó las facultades que tenemos desde el poder político para ejercer con libertad y responsabilidad la representación que nos confirió el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

Por hacer

Tuvo entrada en la Cámara de Diputados una denuncia en donde se solicita la conformación del cuerpo en comisión, a los efectos de evaluar y producir despacho respecto a la conducta asumida en el cumplimiento de sus funciones por el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Szalagowski, para lo cual se propone la creación de una Comisión Investigadora de Juicio Político conforme el artículo 73, capítulo II, de la Constitución provincial.

En esa cámara, mientras tanto, se está desplegando una táctica de resistencia que no incluye desestimar la conformación de la Comisión Investigadora pero sí el “sustento de la denuncia”, presentada por el diputado, de extracción gremial, del FpV, Carlos Quintana, por las minoritarias bancadas opositoras. Pero “el núcleo duro de resistencia” se produjo en el propio bloque mayoritario del FpV, donde un sector capitaneado por el vicepresidente de la Cámara, Carlos Bonicatto, plantó bandera e hizo caer la sesión programada.