Diputados de la oposición fueron a la Justicia por las presuntas irregularidades detectadas.
Los diputados Adrián Pérez y Esteban Bullrich presentaron denuncias contra tres funcionarios oficiales por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el Gasoducto del Norte a tres empresas, entre las que figura la sueca Skanska.
Los funcionarios implicados son el titular del Enargas, Fulvio Madaro; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el secretario de Obras Públicas, José López, a quienes pidieron investigar por el presunto cobro de sobornos.
El diputado del ARI Adrián Pérez precisó que se trató de “una ampliación de denuncia con aporte de pruebas. Está claro que no se trata de corrupción entre privados”.
A través de una solicitada, el Gobierno responsabilizó por la adjudicación de las obras a TGN/Techint a la que también acusó de demorar la realización de las tareas en gasoductos “fundamentales”. Para los diputados de la oposición, tal postura queda desacreditada por “los documentos donde el Enargas le señala a Transportadora Gas del Norte (TGN) que adjudique la obra a Skanska”, según destacó Pérez.
Para el diputado del ARI y Bullrich, del PRO, el intercambio de notas probaría que un organismo estatal -el Enargas- estaba al tanto de la contratación de Skanska y otras dos firmas para las obras, pese a que habían presupuestado con presuntos sobreprecios.
Es así que reclaman a los jueces que incluyan en la causa a las empresas BTU y Contreras Hermanos, que junto a la constructora sueca fueron adjudicatarias de las obras.
“En las tres plantas hay sobreprecios. Es la misma maniobra”,
sostuvo Pérez.
Los diputados piden a los jueces que investiguen la posible comisión de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y asociación ilícita” en la adjudicación de las obras.
Según los denunciantes, las adjudicaciones se habrían realizado “de manera ilegal, posiblemente como fruto de negociaciones incompatibles o a cambio de sobornos a funcionarios públicos”.
El Enargas, por su parte, deslindó responsabilidades y destacó que la primera denuncia por la causa fue introducida por la AFIP, “un organismo dependiente del Gobierno”.
“Los únicos funcionarios públicos que aparecen expresamente vinculados en operaciones con las empresas fantasmas que conforman la asociación ilícita pertenecen al Gobierno de la Ciudad”, señala el documento.
El Enargas sostiene que “es falso” el hecho de que ese ente haya ordenado contratar a Skanska y que la licitación que adjudicó las obras fue realizada “por una empresa de capitales privados y única obligada frente al Estado para realizar la obra”, en referencia a TGN.
