El diputado socialista Di Pollina presentó una iniciativa en forma conjunta con la federación que agrupa a entidades gay, en el marco de su campaña por el casamiento homosexual. La iniciativa lleva la firma de otros 19 legisladores de todos los partidos.
El diputado socialista Eduardo Di Pollina redactó el proyecto de ley que instaura el matrimonio entre personas del mismo sexo, con la ayuda de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), la cual es apoyada por otros 19 legisladores de un amplio abanico partidario, que incluye el Frente para la Victoria, el ARI y la UCR, entre otros.
El proyecto se inscribe en la campaña nacional que lleva adelante la entidad para implementar el casamiento homosexual en el país con la consigna “Los mismos derechos con los mismos nombres”. El primer paso fue un pedido a la Justicia para que declare inconstitucional la actual prohibición. Ahora, es el turno del Parlamento.
El proyecto, pese al cambio profundo que propone, es muy simple: no se trata de una nueva figura, distinta a la del matrimonio actual, sino que se limita a modificar dos artículos del Código Civil.
Uno es el 172, que prescribe que “es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente”. La propuesta modifica los términos “hombre y mujer” por “los contrayentes” e incluye el concepto de que el consentimiento “exige iguales requisitos y produce idénticos efectos, sean los contrayentes del mismo o de diferente sexo”.
El otro es el 188, que establece el famoso “los declaro marido y mujer”. El texto, en la parte pertinente, reza así: “En el acto de la celebración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos los artículos 198, 199, y 200 de este Código, recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer, y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio”. El proyecto cambia la frase “tomarse por marido y mujer” por “constituirse en cónyuges”.
El resto de los artículos que se propone modificar tiene que ver con la adecuación a esa norma principal. Es decir, cambiar siempre los términos que impliquen género por conceptos “neutros” como cónyuge, contrayente o persona.
“Lo que buscamos es la igualdad ante la ley y la no discriminación. La Constitución nos avala porque establece, tanto en su texto como en los tratados internacionales incorporados, que todas las personas tienen derechos a casarse y fundar una familia”, explicó María Rachid, dirigente de la Falgbt. “No hay en la Carta Magna ninguna definición de familia que la limite a la unión entre un hombre y una mujer. Tampoco está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo”, argumentó. Y expresó que “hay encuestas que muestran la alta aceptación a este reclamo. Hay muchas personalidades que lo respaldan. Ahora necesitamos que esa mayoría que ya existe en la sociedad llegue al Congreso. Tenemos una gran expectativa, porque estamos recibiendo muchas muestras de apoyo de todos los sectores”.
El proyecto reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales, es decir, “los mismos derechos con los mismos nombres”. Eso incluye herencia, pensión, obra social y adopción. “De aprobarse, no existiría ninguna diferencia de derechos, en lo relacionado con el matrimonio y sus efectos, entre parejas del mismo o de distinto sexo”, explica Bruno Bimbi, secretario de Relaciones Institucionales de la Federación.
La entidad, que agrupa a unas veinte entidades de todo el país, viene llevando a cabo desde febrero una campaña para implementar el matrimonio gay en el país. El primer paso fue la presentación de un recurso de amparo en la Justicia para permitir el casamiento en un registro civil porteño de María Rachid y su pareja, Claudia Castro. Otros recursos similares serán presentados en diversas provincias. La campaña incluye también la recolección de firmas para una declaración de apoyo a la iniciativa.
Aunque contó con el asesoramiento de la Federación, la iniciativa fue redactada por el diputado socialista santafesino Eduardo Di Pollina. También aportó a su elaboración Marcela Rodríguez, del ARI. El proyecto lleva en total la adhesión de 20 legisladores: además de Di Pollina y Rodríguez firmaron Silvia Augsburger (PS), Marta Maffei, Leonardo Gorbacz, Delia Bisutti, Carlos Raimundi, Susana García y Eduardo Macaluse (ARI); Remo Carlotto, Marta De Brasi, Araceli Méndez de Ferreyra y Nora César (Frente para la Victoria); Miguel Bonasso (PRD), Norma Morandini (Partido Nuevo de Córdoba), María del Carmen Rico (Peronismo Federal), Claudio Lozano (Corriente Germán Abdala), Alicia Tate (UCR), Lucrecia Monti (Justicialista Nacional) y Carlos Tinnirello (Bloque Redes).
En la Federación aseguran que tras la presentación conseguirán varias firmas más. De hecho, descuentan la del santafesino Hermes Binner, que ya mandó su carta de adhesión. También destacan el apoyo a la movida del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).
El proyecto, además de consagrar la igualdad jurídica entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, también avanza en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en los matrimonios heterosexuales. Varios artículos (algunos en desuso) mantienen en la letra la discriminación de género, como el que establece que la mujer casada no puede aceptar donaciones “sin licencia del marido”, pero no prevé la situación recíproca. La idea en este caso es directamente eliminar ese párrafo. En otros casos, se pretende “adecuar” las normas para evitar situaciones de discriminación.
En su argumentación para fundamentar el proyecto de ley, el diputado Di Pollina enumera una larga lista de legislaciones, tratados y declaraciones que avalan “el derecho de las personas a contraer matrimonio” y “el derecho a no sufrir discriminación de ninguna índole en razón de la religión, raza, color o sexo”. Pero también analiza los casos internacionales en los que el matrimonio entre personas de igual sexo ya fue implementado, como en Holanda, Bélgica y España. “¿Por qué citamos lo que ocurre en otros países? –se pregunta el diputado, y se contesta–. Porque otro argumento recurrente de los homofóbicos es sostener que el concepto de familia y el concepto de matrimonio es, universalmente, la unión del hombre y la mujer.
Sin embargo, en buena parte del mundo, existe un concepto de familia y de matrimonio más abarcativo, que incluye las relaciones entre un hombre y un hombre o entre una mujer y una mujer, incluyendo también a las personas transexuales.”
“Hay muchos tipos de familia. Por ello, allí donde la Constitución Nacional garantiza la protección a la familia, todas las familias deben tener derecho a estar incluidas”, concluye.
