Tal cual había sido reclamado por los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, la ministra de Economía deberá informar por escrito sobre el caso Greco.
La jueza María José Sarmiento accedió a una demanda hecha por senadores radicales, que habían elevado un listado de veinte preguntas en torno a la gestión de la ministra de Economía y el jefe de Gabinete para girar una partida adicional de fondos para pagarle a los herederos del grupo Greco.
El frustrado pago ascendía a casi 600 millones de pesos, y llevó a los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales a llevar el caso del “pronto despacho” a la jueza en lo Contencioso Administrativo.
Intervino el fiscal Fabián Canda, quien dictaminó en favor del pedido de los senadores, invocando el decreto 1172/03, Reglamento General de Acceso a la Información Pública, según el cual “toda persona ejercita su derecho a consultar y recibir información de la jurisdicción del Poder Ejecutivo”.
A partir de ello, la jueza Sarmiento dispuso que Felisa Miceli “en el plazo de cinco días evacue el informe previsto”, en el que deberá “ofrecer la totalidad de la prueba con que intente valerse”.
Los senadores radicales habían planteado originariamente un listado de 17 preguntas, que ahora aumentaron a 20, sobre las tramitaciones realizadas en el denominado “Caso Greco” hasta el momento en que la iniciativa fue frenada en la Cámara alta.
En las preguntas se destaca el reclamo de los senadores sobre si “existen informes respecto de la determinación del monto y la consistencia de la deuda con el Grupo Greco y las obligaciones de dicho Grupo con el Estado por parte del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía”.
Sanz y Morales también preguntaron su “existe alguna opinión, intervención o informe técnico por escrito” de la ministra Miceli “solicitando la cancelación de la deuda con el Grupo Greco o advertencia alguna al Presidente de la Nación o al Jefe de Gabinete de Ministros para no cancelar las mismas e investigar la situación”.
“El Ministerio de Economía no respondió lo solicitado oportunamente”, cuando se tramitó un proyecto de ley que reclamaba unos 1.300 millones de pesos adicionales, casi 600 de los cuales estaban destinados al Grupo Greco.
