Deliberó en el Senado bonaerense una comisión de especialistas. Los resultados de los análisis estarán en un mes y tienen que ver con las leyes de ejecución penal y penitenciaria.
Una mesa de trabajo multisectorial, que tiene que analizar la legislación sobre condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires, deliberó en el Senado provincial y fijó un plazo de 30 días para arribar a conclusiones.
La reunión fue convocada y presidida por la vicegobernadora Graciela Giannettasio, acompañada por la procuradora general de la Corte, María del Carmen Falbo y representantes de Fiscalía y Defensoría del Tribunal de Casación Penal, el Ministerio de Justicia, el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), autoridades del Senado y la Cámara de Diputados provinciales, legisladores de ambas cámaras y de todos los bloques y comisiones inherentes al tema, la Comisión por la Memoria y la Fundación Fundejus.
La vicegobernadora Giannettasio informó al término de la reunión que la comisión se reunirá todos los jueves y “trabajará intensamente” para dar su dictamen en 30 días, que servirá de base para la legislación que se trate. Explicó que ya existen, al respecto, un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados y otro proyecto del Poder Ejecutivo.
“El motivo es retomar la mesa de diálogo que se constituyó a través de una exhortación de la Corte Nacional en el caso Verbitsky, que produjo sus frutos en su momento porque una parte de la agenda es una norma positiva de la provincia y tiene que ver con el proceso adjetivo con la legislación procesal de la provincia y otra parte que es la ejecución penal y superpoblación carcelaria había quedado pendiente”, señaló la vicegobernadora Giannettasio.
La funcionaria provincial detalló también que “recibimos una exhortación de la Corte provincial en esta dirección para concluir los temas pendientes del caso Verbitsky y por una autorización que tengo del Senado para la convocatoria a esta mesa de diálogo, retomamos el diálogo sobre la base de los dos temas de agenda que nos quedaban pendientes, incorporamos hoy algunos temas más que se sugirieron, pero nos dimos una metodología de trabajo: hoy es reunión constitutiva y nos dimos una metodología de trabajo donde se agrega un proyecto ya de modificación de la ley de Ejecución Penal que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y un proyecto del Ejecutivo que tiene que ver también con la superpoblación carcelaria. Además, están los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo de 2005 que tenían que ver con la ejecución penal y la superpoblación carcelaria. Nos vamos a volver a reunir los días jueves por la mañana y tendremos una reunión de trabajo intensa y plena y 30 días para la conclusión del tratamiento”.
Sobre qué puede hacer la Legislatura, al margen de lo que después resuelva el Ejecutivo con el tema de la superpoblación, Giannettasio señaló que “hay sistemas de resolución que tienen que ver con las modalidades de ejecución penal y también tienen que ver con la manera de enseñar cómo se cuentan las plazas (carcelarias), en esto puede colaborar bastante la legislación para fijar pautas. No es nada complejo, puede tener una misión de aclarar la normativa vigente y puede tener una misión de colaboración con la misión del Ejecutivo, no solamente sobre la superpoblación. Tanto tiene una misión de colaboración, que más allá de la modificación normativa, de esta mesa del diálogo, hay resultados concretos que se evidencian de manera estadística y tiene alguna repercusión pequeña en la superpoblación carcelaria”
Por su parte, la procuradora Falbo sostuvo que “se trata de la modificación de la ley actual, desde diversos puntos, haciendo coincidir con la legislación nacional, dado que la ley provincial tiene algunos puntos distintos, como las salidas transitorias; el hecho de que el informe que puede dar el Servicio Penitenciario, los jueces podrán tenerlos en cuenta, pero podrán apartarse de ellos sustanciadamente; que se les dé traslado a los defensores cuando hubiere un cambio en la situación de detención y que la misma pudiera empeorarse con los traslados. Algunos de ellos ya están incluidos en el proyecto que tiene media sanción de Diputados”.
“Se intenta mejorar las condiciones de detención de acuerdo a lo que dispuso la Corte Nacional con relación al caso Verbitsky y que la Suprema Corte de la Provincia lo ha tomado en cuenta y le ha pedido a los legisladores que esas modificaciones se procedan a hacer”, agregó María del Carmen Falbo.
Antecedentes
El 3 de mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer una exhortación “a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación, y su legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales internacionales”.
En esa resolución, el máximo tribunal de la Nación sostuvo que las pautas a que debe adecuarse toda detención son “las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la ley 24.660”.
Aquel fallo de la Corte nacional respondió a una presentación del presidente del CELS, Horacio Verbitsky.
Un día después, la vicegobernadora Giannettasio -con la autorización del Senado provincial- convocó a una mesa de trabajo multisectorial, cuyas conclusiones sirvieron de base a la adecuación de la legislación provincial sobre excarcelaciones y prisión preventiva (leyes provinciales 13.449 y 13.480, promulgadas en marzo y julio de 2006, respectivamente).
