Skanskagate, el caso Skanska, las coimas del Gasoducto Norte. Todas denominaciones que se han puesto a un caso de corrupción que ha conseguido vencer las mordazas que existían sobre el tema. Nadie negaba que la corrupción existía, pero nadie daba un primer paso hacia la investigación. En este caso lo hizo un juez: Javier López Biscayart.

¿Pero qué es lo que se desentraña de la investigación del juez y el posterior trabajo que realizamos junto al diputado Adrián Pérez (ARI)? Un mecanismo de corrupción cuyo funcionamiento intentaremos demostrar en los párrafos siguientes.

El Estado le da un mandato de ampliación de obra a los licenciatarios de los gasoductos Norte y Sur. La misma será financiada por un fideicomiso creado para ese fin. Un fideicomiso es una cuenta bancaria que recibe fondos y los dirige a un fin específico. El origen de los fondos puede ser diverso: en este caso surge de una exacción forzada a privados y de fondos de organismos garantizados por el Estado Nacional. Entonces el proceso es el siguiente:

1.- El Poder Ejecutivo Nacional (Secretaría de Energía – Ministerio de Planificación) ordena la nueva obra;

2.- El licenciatario establece un presupuesto base y un mecanismo de contratación: ambos deben ser aceptados por el Poder Ejecutivo Nacional (Enargas);

3.- El licenciatario llama a licitación por los trabajos a realizar;

4.- En base al precio licitado se calculan los montos de cargos específicos para el repago de la obra, que serán depositados en el fideicomiso constituido en el Banco Nación;

5.- Se consiguen fondos para el financiamiento de la obra hasta tanto se cuente con el ingreso de los cargos específicos;

6.- Se adjudica la obra con la supervisión del Poder Ejecutivo Nacional (Enargas);

7.- Se construye la obra con el control y certificación técnico contable del Poder Ejecutivo Nacional (Enargas);

8.- Se realizan los pagos desde el fideicomiso a las partes correspondientes.

Hasta aquí el sistema parece perfecto, pero algo anda mal y entonces, todo anda mal. Veamos.

El primer problema es en el punto 3. Aquí se produce la cartelización de las empresas participantes que forman un “club” (término utilizado entre las mismas empresas). Este “club” se aprovecha del hecho que, en una misma licitación, hay tres trabajos y se ponen de acuerdo para quedarse cada empresa con un trabajo, con la anuencia del Poder Ejecutivo Nacional. En el caso Skanska fueron tres terminales y se las repartieron Skanska, Contreras Hnos. y BTU, con sobre precios que fueron del 83% al 152%.

El segundo problema se da en el punto 8: cómo se consigue generar comprobantes para poder sacar los fondos del fideicomiso sin que se generen sospechas o haya que apelar a mecanismos informales. Se arman empresas fantasmas que confeccionan facturas truchas. Así, cuando Skanska debe justificar el costo de una planta, tiene los costos directos e indirectos propios de la construcción de la misma, a lo que le suma las facturas truchas por servicios nunca recibidos, materiales nunca recibidos o vaya uno a saber qué otra cosa podemos agregar. En el caso Skanska se hizo conocida Infiniti Group, pero hubo 22 empresas más dedicadas a esta actividad creativa.

Entonces está claro cómo se logra vencer a la licitación “transparente” y a la contabilidad y control bancarios. Queda ahora por saber qué sucede con el dinero. Esta es, sin duda, la parte más difícil, pero en este caso contamos con la confesión de una de las partes: la empresa que reconoce el pago de coimas. Por ese camino puede llegarse a descubrir quién las cobró.

De cualquier manera, y más allá del avance en la investigación, lo importante es comprender que el sistema se replica en TODA la obra pública, y no sólo de este gobierno, en otros también. La pregunta es cómo se corrige, y aquí seré repetitivo. Las propuestas son tres:

1. Reemplazar a los directivos del Enargas y nombrar al directorio de cinco por concurso público, de acuerdo a lo que dice la ley.

2. Crear una Comisión Bicameral Parlamentaria que revise toda la legislación vigente para encontrar los problemas y vacíos que permiten la operatoria corrupta. Además, establecer castigos más severos para funcionarios y empresarios que se asocien para robarnos a todos.

3. Establecer que toda inversión en obra pública debe contar con el control ciudadano a través de mecanismos de transparencia como son las Auditorias Ciudadanas y el control de las ONGs. En ese sentido pueden estudiarse formatos como el propuesto por Poder Ciudadano u otras como CIPPEC o CIPCE. El objetivo, finalmente, es que se asegure el correcto control en el manejo de los recursos públicos.

Hay miles de millones de pesos que esperan saber si pasaran por este sistema corrupto y terminaran en el bolsillo de algún delincuente (empresario o funcionario público, pagador o cobrador) o si, por el contrario, irán a atender las necesidades de una Argentina que las tiene, y en gran cantidad.

* Bullrich es diputado nacional del PRO-Bs.As.