Por José Angel Di Mauro

Las vueltas de la vida, las vueltas de la política… quien hoy está arriba, puede que mañana por el hecho más fortuito quede en el subsuelo… O viceversa. Que quien hace algunos años resultaba refractario respecto a sus propios compañeros, hoy concite toda la atención de sus pares, pendientes de cada una de sus todopoderosas palabras.

Hoy la senadora Cristina Fernández de Kirchner tiene un peso específico que la convierte en la mujer más poderosa de la Argentina. Y va por más, si es que finalmente la decisión es “pingüina”, como hoy por hoy todo parece indicar.

Lo cierto es que hace apenas diez años quien hoy se perfila como para recibir semejante espaldarazo, no sólo transitaba por el borde de la estructura partidaria, sino que hasta era expulsada del bloque por sus compañeros.

La senadora Cristina Fernández había desembarcado en la Cámara alta con los tacos de punta y de inmediato les había marcado la cancha a sus entonces poderosos pares. Verborrágica y contestataria, por entonces la revista Parlamentario le puso un mote que la definía a la perfección y que la acompañó por un buen tiempo: la rebelde.

Prontamente marcaría sus diferencias directamente con el Ejecutivo. No ahorró críticas por ejemplo contra el presidente Carlos Menem por sus reiteradas ratificaciones de María Julia Alsogaray al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, reclamo que partía sobre todo desde el propio Poder Legislativo. “Menem tiene una interpretación errónea del caso, en cuanto a que interpreta que podría quedar desairado o sentirse presionado por parte del Congreso”, señalaba una medida pero crítica senadora Kirchner.

No tardaron demasiado sus colegas de bancada en advertir que no siempre podrían contar con el voto de Cristina Kirchner. Corrección: difícilmente pudieran disponer alguna vez de ella cuando se tratara de cuestiones que les interesaran particularmente. No llevaba cinco meses en el cargo cuando Cristina se convirtió en la excepción de su bloque al votar en contra del proyecto de prórroga del Pacto Fiscal II, que extendía su vigencia hasta fines de 1996. La prórroga del Pacto le permitía a Economía disponer de un piso de coparticipación de 740 millones de pesos mensuales a distribuir entre las provincias, las cuales no recibían fondos desde hacía cinco meses. Un retraso que incidió directamente en la decisión de varios senadores radicales que terminaron sumándose insólitamente al oficialismo para lograr que se aprobara la norma.

La rotura de lanzas con sus pares tendría lugar por esos mismos días, aunque no por su oposición a la prórroga del Pacto Fiscal, sino por embestir contra el ministro de Defensa, Oscar Camilión, ante la presunción de que armas argentinas que tenían como destino declarado Venezuela hubieran sido desviadas a Ecuador, y el Poder Legislativo reclamó para sí el papel investigativo. Obviamente el Ejecutivo fue remiso a otorgar semejante concesión y demoró cuanto pudo la concurrencia del ministro de Defensa Oscar Camilión al Parlamento, donde los propios diputados oficialistas eran partidarios de hacerle juicio político por su responsabilidad en la operación. “No creo en los argumentos que viene sosteniendo el ministro; no me suenan creíbles, por lo tanto debemos actuar con independencia y dejarlo librado a su suerte”, advertía el justicialista Carlos Soria, quien junto con su comprovinciano Miguel Angel Pichetto encabezaba el ala más dura contra Camilión. Sin embargo, la orden que bajó desde el Ejecutivo y que canalizó el entonces titular del bloque justicialista de Diputados, Jorge Matzkin, fue atenuar los embates de la oposición. Esto es, en lugar de permitir su interpelación en el recinto, lo harían peregrinar por las comisiones de Defensa de ambas cámaras, comenzando por el Senado, donde las voces eran menos críticas.

Sin embargo, fue en ese ámbito donde la joven senadora santacruceña sorprendería a todos pidiéndole directamente la renuncia. Mirando a la cara del ministro y sin rodeos, descerrajó una catarata de argumentos según los cuales la situación en la que se había involucrado la Argentina constituía un verdadero escándalo y él, como responsable del área, había quedado en el centro de la escena. Por lo tanto, más allá de las investigaciones judiciales pertinentes, no debía hacer otra cosa que renunciar.

“Senadora, usted no tiene edad ni antecedentes para solicitarme mi renuncia”, fue la réplica del entonces ministro.

Semejante irrupción terminó de confirmar los temores de sus pares y una pregunta recurrente que se le hacía era si no temía que la expulsaran del partido. “No creo que sean tan antiguos. Sería un horror que, casi a fin de siglo, un movimiento como el peronista plantee la expulsión porque alguien disiente o tiene una actitud diferente a partir de cuestiones fundadas. Porque más que sectarios, serían antiguos”, respondía la senadora.

Según cuenta el libro Cristina K. La dama rebelde, para la conducción de la bancada justicialista no quedaban dudas de que Cristina era una adversaria más, de ahí que comenzaran a organizar reuniones aparte, cuidándose de que la santacruceña no se enterara de las mismas, o se reunían previamente, por cuanto sabían que ella siempre plantearía su disidencia. Eran tiempos en que sí concurría al bloque, como ya no haría en tiempos futuros. “Se peleaba con todos, trataban de no dejarla hablar…”, recuerda un asesor, que apunta que esa práctica se extendía también al recinto. “Ella pedía la palabra y no se la daban, o bien cuando ella hablaba, Augusto Alasino y su entorno se iban del recinto, o se ponían a hablar entre ellos…”.

Pero no fueron sus permanentes rechazos a las posturas oficiales los causales de la expulsión de Cristina del bloque. Si bien sus actitudes y cuestionamientos habían tenido a maltraer a sus “compañeros” de bancada, la supremacía que el peronismo ejercía en la Cámara alta le permitía darse el lujo de “tolerar” la rebeldía patagónica. Cosa que hicieron más allá de los constantes pedidos de expulsión que se escuchaban -no sólo querían echarla del bloque, sino del propio partido- por sus permanentes cuestionamientos a la gestión menemista.

Pero la gota que colmó la paciencia del bloque que comandaba Augusto Alasino fue la negativa de la senadora a apoyar el texto de creación del Consejo de la Magistratura, con lo que le impidió a su bancada lograr el número necesario para insistir con la sanción original del proyecto. Eran tiempos en que Menem y Duhalde extendían al Senado su anticipada pulseada por la sucesión en el 99, y en la Cámara alta se quiso dar una muestra de que allí el poder menemista era aún real y concreto.

Mas no la echaron. Con la intención de que ella misma se apartara de la bancada, según confiaron fuentes del propio oficialismo, la mesa directiva del bloque resolvió expulsarla de las comisiones de las que formaba parte. La medida fue sorpresiva y la involucrada se enteró al cabo de una reunión de comisión celebrada el 7 de mayo de 1997 en la que nadie le avisó de nada, cuando llegó un memo al despacho en el que le indicaban que había quedado fuera de todas las comisiones que integraba: Relaciones Exteriores y Culto; Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios; Educación; Familia y Minoridad; Economías Regionales; Coparticipación Federal de Impuestos; Asuntos Administrativos y Municipales, y hasta de la Bicameral de Esclarecimiento del Atentado a la Embajada de Israel y la AMIA. La nota estaba firmada por el jefe de los senadores justicialistas, Augusto Alasino, y el secretario general del bloque, Angel Pardo. Allí se indicaba además quienes serían los senadores que la sustituirían en esos grupos de trabajo.

El senador entrerriano Héctor Maya se encargó ante la prensa de justificar los motivos que llevaron al bloque a tomar la inédita medida: “Nosotros venimos registrando una serie de cuestiones donde la senadora Kirchner se maneja con excesiva individualidad, lo cual es respetable, pero no es muy común dentro del peronismo… En un bloque hay que debatir, pero para mantener la unidad de un cuerpo es necesario que nos sometamos a distintas reglas”.

La senadora santacruceña tomó la decisión como “un castigo a la provincia de Santa Cruz (…) Yo soy representante de una provincia y del Partido Justicialista de esa provincia. Seré una minoría disidente, pero tenemos el derecho de serlo”.

La decisión adoptada por la conducción del bloque justicialista generó un vendaval de críticas que no hizo más que fortalecer la posición de Cristina Kirchner. Un grupo de diputados justicialistas suscribió un proyecto de resolución de la diputada santacruceña Rita Drisaldi manifestando su discrepancia con semejante actitud. “Esta medida priva a la provincia de Santa Cruz de ejercer plenamente su autonomía, ya que impide la labor de uno de sus representantes electos constitucionalmente”, señalaba el proyecto suscripto además por Irma Roy, Mario Das Neves, Rodolfo Gazzia, Julio Migliozzi, Julio Salto, Fernando Maurette, Darci Sampietro, Carlos Vilches, Sara de Amavet y Sergio Acevedo.

La decisión de los senadores justicialistas abrió un debate sobre si la representación en las comisiones corresponde al legislador o al bloque. De hecho, al comunicarle el bloque la decisión al presidente del Cuerpo, Carlos Ruckauf, éste les advirtió que la medida era antirreglamentaria. Según los antecedentes de la Cámara, la separación de un senador no puede hacerse sin su consentimiento. Ante las circunstancias, el bloque decidió revisar la resolución y, habida cuenta de la intención de Cristina Kirchner de dar pelea, resolvieron no dar más vueltas y directamente separarla de la bancada. Eduardo Menem, Eduardo Bauzá, Jorge Yoma y Alasino fueron algunas de las voces de peso que se pronunciaron por semejante decisión y pusieron las primeras firmas que se recolectaron para echar a Cristina.

Los senadores justicialistas aseguraron que la permanencia de su colega junto a ellos resultaba ya “insostenible” debido a las posiciones contrarias a las resoluciones que adoptaban y a sus votos negativos. Cristina replicó que había votado a favor de todas las leyes del gobierno que hacían a la transformación económica y que en cambio lo hizo contra todos aquellos proyectos del bloque que implicaban un menoscabo para su mandato. La senadora aludía a sus posturas contra el ingreso de Ramón Saadi al Cuerpo y su negativa a refrendar el acuerdo por los Hielos Continentales, entre otras cosas.

“Cuando mi voto en contra no alteraba el resultado que quería mi bloque, no hubo problemas. Pero ahora que mi voto era decisivo en busca de los dos tercios que necesitaban para aprobar el Consejo de la Magistratura, me castigan”, argumentó la legisladora, enfatizando que lo suyo no era indisciplina, sino que nunca aceptaría “disciplinarme para una asociación ilícita”.

La senadora Kirchner aseguró una y otra vez que no se iría del Partido Justicialista y que en el Senado formaría una bancada propia, el bloque PJ Santa Cruz, en compañía de su coterráneo Felipe Ludueña. Este último, veterano dirigente santacruceño ya fallecido, le anunció a Alasino su ida del bloque a través de una carta en la que fundamentaba su decisión “no sin dolor y sin tristeza” en el “desnudado desprecio que exhiben los senadores por los principios que dieran origen, fueron, son y serán razón de ser en el seno del pueblo peronista”.

Todo esto sucedía hace exactamente diez años. Las cosas hoy han cambiado bastante. Al menos para la protagonista de esta historia.